El acuerdo se conocía el pasado jueves. Todo aquel trabajador interino de las administraciones públicas que lleve cinco años consecutivos y de manera ininterrumpida en la misma plaza podrá acceder a un concurso de méritos para consolidar su condición de fijo. La normativa, todavía por aprobar y de la letra pequeña aún es un misterio, ha causado una gran expectación ya que en la práctica supone que decenas de interinos podrán acceder a una plaza fija sin necesidad de pasar por una oposición. Pero los sindicatos de Castellón avisan: el alcance de la norma será limitado dado que excluye a Sanidad y Educación, justamente las dos áreas que tienen más cantidad de personal eventual.
De los algo más de 7.000 profesionales que en la provincia trabajan en la sanidad pública el 40% tiene un contrato temporal, según datos del sindicato CSIF. Y en el caso de los 10.000 maestros y profesores, la interinidad asciende al 22%. Ni a unos ni a otros, unos 5.000, afecta el pacto alcanzado entre el Gobierno, UP, ERC y PNV para unificar enmiendas de cara a su votación en el Congreso a la nueva ley de estabilización en la función pública y ambos sectores recorrerán su propio camino en este proceso que busca atajar la temporalidad laboral.
Que el proyecto de ley deje fuera a ambos sectores profesionales supone excluir al grueso de personas que se podrían beneficiar de la exención de oposición. «En Educación no están ocupando una misma plaza durante cinco años, dado que cada curso se realizan adjudicaciones», apunta Rafa Martínez, responsable de Ensenyament Public de CCOO-PV, quien insisten en que como las plazas estructurales de Educación salen cada año a concurso no cumplen las condiciones, excepto alguna muy puntual de profesorado técnico de Formación Profesional o enseñanzas artísticas», dice. Y con la plantilla sanitaria ocurrirá algo muy similar y será la Generalitat valenciana quien decida cómo acogerse al sistema, cómo aplicarlo o cómo materializarlo.
Prudencia de los sindicatos
Maestros y sanitarios quedan fuera del plan para acabar con la interinidad y la administración que afectará más será la local. Los ayuntamientos dan empleo en la provincia a poco más de 8.600 personas. «La futura normativa repercutirá más en el personal que trabaja para las entidades locales», explica Martínez que apela a la necesidad de ser prudentes puesto que el proyecto de ley todavía está en fase de negociación. «Ya veremos como queda, así como sus afectaciones jurídicas».
En términos muy similares se manifiestan desde CSIF Castellón. « Lo que reclamamos a los grupos parlamentarios es que garanticen la seguridad jurídica en el proyecto de ley sobre temporalidad para evitar que los tribunales tumben los procesos selectivos y ocasionen más perjuicios al personal temporal», explican desde el sindicato.
Al igual que CCOO, este sindicato insiste en apelar a la prudencia. «No podemos hacer una valoración precisa hasta conocer el resultado de las enmiendas pactadas entre los diferentes grupos parlamentarios y el texto final de la norma», añaden. « Es necesario aclarar los criterios exactos para determinar que las plazas que hayan estado cubiertas durante más de cinco años, desde el año 2016, se cubran por el sistema de concurso», añaden.
