Los constructores de Castellón llevan asumiendo este ejercicio sobrecostes en las obras, incluso «a pérdidas», por el encarecimiento de las materias primas, «en una media del 30%». La patronal Apecc expresa que la situación, «tiene visos de prolongarse hasta mediados del 2022», por lo que se está debatiendo ya la opción de repercutir en el precio de los nuevos contratos de compraventa de vivienda nueva que se vayan firmando a partir del 1 de enero y sería más cara, «aunque es una cuestión estratégica de cada empresa». El secretario general de Apecc, Carlos Gomis, incidió en que «se ha encarecido todo. Es una locura: el acero, básico (55%), madera (125%)... No hay margen de beneficio. En Castellón no conocemos ninguna empresa de construcción que haya sufrido desabastecimiento o falta de material , que sepamos. Pero falta de mano de obra y subida de costes sí. Y no es lo mismo una empresa que compra un kilo de hierro que otra que adquiere 20», manifestó.
Perjuicio en la obra pública
Desde otra asociación del sector en la Comunitat, Fecoval, han estimado el perjuicio, en este caso, para los contratistas de obra pública. «El Estado tendría que compensar a la provincia de Castellón por el encarecimiento de materiales con unos 17 millones de euros --unos 66 millones en la Comunitat--, si las empresas lo pidieran y se aceptara por parte de la Administración», indicaron. Una cifra que se extrae de cálculos en base a un informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), según el cual una compañía afectada «puede pedir indemnización económica del 10% al 50% del presupuesto de la obra, de 1.500 a 3.000 euros por día natural o el 4% del importe adjudicado». Ese mismo estudio --publicado en octubre, en base a un sondeo sobre la coyuntura de junio a septiembre-- cuantifica las subidas por materiales, que en el caso del producto estrella fabricado en Castellón, la cerámica, se ha encarecido un 30% y no es de los que más sube.
Un galimatías para reclamar
¿Qué hacer ante ese desajuste de costes de las materias primas ahora frente a cuando se adjudicó la obra, que hacer perder dinero a las empresas? Desde Apecc, Gomis explicó que «la CNC nos ha proporcionado a las asociaciones provinciales modelos de contrato para solicitar a la Administración estatal rescindir obras públicas concedidas sin ejecutar; o bien pedir adecuar el presupuesto a la escalada de costes (para obras adjudicadas pero no ejecutadas o en ejecución). Sabemos que Adif sí lo tiene previsto y no conocemos ninguna empresa que lo haya reclamado». Con todo, «hay un problema. La ley de desindexación prohíbe adecuar los precios al momento que ejecutas. Ahora, se intenta negociar tener en cuenta un apartado de la ley de Contratos del sector público que sí lo prevé». En cuanto a obras de la Generalitat, la reciente junta de Fecoval ha solicitado «que más que nunca, los proyectos se acoplen al cuadro de precios del Instituto Valenciano de la Edificación, ya que estos responden a la realidad del mercado, y permiten que los proyectos sean ejecutables».
