La conocida como ley de la eutanasia cumple ya ocho meses desde su entrada en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con asignaturas todavía pendientes como la formación del personal sanitario.
La Conselleria de Sanitat adaptó la norma después de su aprobación y desarrolló los debidos protocolos. Según los datos aportados a este diario, Castellón es la única provincia de la autonomía que continúa sin registrar ninguna solicitud para recibir asistencia para morir. En los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana, se han recibido hasta la fecha cuatro peticiones, de las que se aprobaron dos al cumplirse los requisitos establecidos, una en la provincia de Valencia y otra en Alicante.
Desconocimiento
Sin embargo, la falta de conocimiento sobre el tema aún es notoria. La presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana, Maria José Alemany, urge agilizar la coordinación y formación de los profesionales sanitarios sobre la eutanasia para mejorar la atención a las personas que deciden libremente recurrir a esta opción. «Pedimos a Sanitat que reforzara la información disponible y la formación de los sanitarios», afirma la representante de la entidad, que valora que la ausencia de solicitudes en Castellón responde por ahora solo al peso poblacional y no a otras trabas.
«Hay algunas personas que nos han solicitado ayuda para encontrar la documentación necesaria o saber cómo afrontar el proceso», ejemplifica Alemany, quien comenta que herramientas como mejorar los recursos en la web del departamento de Sanitat o clarificar los procedimientos en Atención Primaria facilitarían escenarios como cuándo una persona muestre su voluntad de morir en un centro de salud para conocer los pasos a dar.
Consciente
Y es que, según detalla Alemany, la persona solicitante «tiene que estar muy informada de todas las alternativas y el proceso a llevar a cabo». Una vez realiza la petición, firmada personalmente ante el médico, esta pasa a otro facultativo que asume la figura de consultor para abordar el estado del paciente y, con un informe, el caso se eleva a una comisión de garantías que dictamina si el paciente puede acogerse a la ley recientemente aprobada, en base a la situación personal.
