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El Periódico Mediterráneo

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El Gobierno propone un modelo para la reforma de la financiación que prima el criterio de población

El documento remitido a las autonomías acaba con el reparto que beneficiaba a las más deshabitadas

La ministra María Jesús Montero, en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados

La esperada propuesta del Gobierno para abrir el debate e iniciar el camino hacia la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde el 2014, ya está sobre la mesa del Consell y del resto de ejecutivos autonómicos. El documento, de 240 folios, llegó este viernes, cuando se cumplían dos días y medio desde que finalizó el mes de noviembre, que era el plazo al que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, se había comprometido.

Esquema y criterios de la propuesta de reforma de la financiación autonómica presentada por el Gobierno

El planteamiento que esboza el Gobierno como propuesta inicial no deja dudas a la hora de considerar la población ajustada como la variable más representativa de las necesidades de gasto, en la línea de la reclamación histórica del Consell de primar la población, con los ajustes necesarios, como ahora hace el Gobierno y que ya levantó reticencias en autonomías menos pobladas. 

El documento amplía el peso del gasto sanitario y del educativo respecto al modelo anterior. El primero pasaría del 38% actual a una horquilla del 40 al 45% y el segundo del 20% a entre el 25 y 30%.

Radiografía del Estado

El informe incorpora indicadores muy diversos y detallados que suponen una auténtica radiografía del Estado y evidencian las desigualdades que arrastran autonomías como la valenciana. El Gobierno señala que los datos que ahora incluye son más realistas que los de modelos anteriores, lo que permite fijar mejor la distribución del gasto por autonomías de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, y, por tanto, ajustar mejor los recursos.

No obstante, y pese a la esperanza que supone el paso adelante, la propuesta requiere también cautela a la vista de la experiencia del 2009 cuando se aprobó un modelo que, en la época de Rodríguez Zapatero, debía mejorar la posición valenciana pero en la práctica supuso un avance ínfimo. Un factor a tener en cuenta es que en la elaboración de la propuesta ha tenido un peso importante, según algunas fuentes, el Instituto de Estudios Fiscales, promotor del modelo en vigor, que mantiene privilegios en el reparto a comunidades donde el peso poblacional es menor.

De momento, el Ministerio de Hacienda se abre a la mejora de su propuesta y emplaza a las autonomías a remitir posibles modificaciones antes de que acabe enero.

El Gobierno destaca que la propuesta no sale de la nada sino que se basa en los trabajos previos de los comités de expertos, en los que han participado estudiosos de todas las autonomías por lo que existe cierto consenso previo al menos sobre la variable de la población. 

La novedad está también en la estratificación, es decir bloques de edad y gastos de los distintos servicios que prestan las autonomías. También se mantienen variables correctivas como la superficie, la dispersión o la insularidad que ya estaban en el modelo anterior. Pero con la propuesta el Gobierno se ha dado un paso adelante. Y entre hacer o dejar pasar en materia de financiación autonómica se ha optado por avanzar. Parece fácil, pero no lo es tanto cuando muchos aconsejaban lo contrario.

La mayoría de presidentes autonómicos socialistas era del parecer de mejor dejar las cosas quietas ante la complejidad territorial y política. Se vio en la reunión en Ferraz del 5 de noviembre. Ximo Puig y Francina Armengol defendieron la urgencia de la reforma y que podía ser más negativa la inacción después de tantos años de espera. Para el resto, suponía demasiados riesgos abordar ahora el cambio.

Un paso esperado

Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero dan un paso que se esperaba desde el 2014 y al que se comprometió Mariano Rajoy en enero del 2017 y nunca llegó. Solo la acción ya cuenta cuando lo que ha habido durante muchos años es parálisis.

Habrá que ver ahora cómo se concretan los criterios. La propuesta tiene de entrada un valor significativo: elimina el llamado statu quo que lastra a la Comunitat desde el 2002. Esto es, el mecanismo de reparto que daba prioridad al Fondo de Suficiencia Global, según el cual las arcas valencianas perdían anualmente 1.400 millones de euros sobre a la media española. Aunque en el 2009 este sistema se intentó retocar para mejorar la situación de las infrafinanciadas, nuevos fondos de compensación dejaron el esquema de distribución en una situación muy parecida. 

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