Ya no pueden más. Los vecinos de la calle Dean Martí de Castelló, donde se encuentra el edificio de cuatro plantas okupado íntegramente por una veintena de personas, aseguran que el clima de inseguridad que se vive en el barrio resulta cada vez más insoportable. Y, para colmo, en los últimos días han llegado al edificio más intrusos. «Se han marchado algunos, pero para nuestra sorpresa están llegando nuevos», denuncian los residentes de la zona.
El inmueble, situado en el número 36 de una calle que se encuentra muy cerca de la Farola y justo detrás de la delegación de Hacienda, pertenece a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo, con la excepción del entresuelo, que en su día adquirió una familia de Castelló con la intención de convertirlo en un local comercial, y el pasado verano fue okupado íntegramente. Tanto la Sareb como el propietario del entresuelo han interpuesto una denuncia ante los juzgados y están pendientes de que se celebre un juicio de desahucio, una resolución que, debido al colapso judicial, podría tarde en resolverse unos seis meses. «La justicia va lenta, la policía nos dice que tiene en todo momento las manos atadas y mientras tanto nuestros hijos no pueden ir solos por la calle», lamentan los vecinos que aseguran que lo único que quieren es que el vial vuelva a ser el de siempre.
La última palabra la tiene la justicia, pero mientras esperan los vecinos no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. En los últimos días han mandado comunicaciones a la alcaldesa de Castelló, al concejal de Seguridad Pública y al jefe de la Policía Local pidiendo presencia policial las 24 horas del día. «También nos hemos puesto en contacto con todos los partidos políticos del Ayuntamiento y con la Subdelegación del Gobierno para pedirles ayuda», describen los vecinos de Dean Martí que lamentan que, hasta la fecha, «no hemos obtenido respuesta, ni la presencia policial solicitada ni tampoco cambio alguno en materia de seguridad».
David Donate, concejal de Seguridad Pública, aseguró no tener constancia de la comunicación de la que hablan los vecinos y avanzó que se está reforzando la seguridad en la zona «en contacto con la Policía Nacional».
