Doce personas dependientes fallecen de media al mes sin haber llegado a percibir la prestación prevista en la ley. Una triste realidad que denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que refleja que 4.111 dependientes de Castellón, Valencia y Alicante que estaban en lista de espera han muerto entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. De ellos, 2.226 estaban pendientes de valoración y 1.885 en el denominado limbo.
La Comunitat es la tercera autonomía con más fallecidos; sin embargo, también es la comunidad en la que más se han incrementado las personas beneficiarias con prestación (+14,38%), según el citado informe.
Lista de espera
En el caso de Castellón, son 1.151 las personas en lista de espera a fecha de diciembre, según datos de la Conselleria de Inclusión. Son 49 menos que en noviembre y 649 menos que hace un año. Este último mes se han registrado 363 nuevas solicitudes (-182 respecto a noviembre y +63 respecto a hace un año). Hay 13.861 beneficiarios con prestación (+180 y +1789, respectivamente).
Si se compara con 10 años antes, la lista de espera provincial se ha reducido a una quinta parte (5.178 personas había en el 2015) mientras que los beneficiarios se han triplicado (4.614 había seis años atrás en Castellón).
Bajo coste
Sin embargo, esta cifra tiene un pero. «El sistema de atención a la dependencia se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con grado I», señala la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. «Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia», consideran.
Medidas urgentes
A su juicio, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables. Por ello, instan al gobierno central y a los autonómicos a acometer reformas que agilicen los trámites. «Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, se debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia», señala.
Y es que, indica, cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo.
