Las expectativas de los castellonenses de materializar la recuperación de la crisis del coronavirus antes del próximo verano incluyen la necesidad de priorizar en la estrategia del ejecutivo autonómico la mejora de los servicios públicos y la apuesta por la sostenibilidad.
Los resultados del barómetro del 2021 del Consell obtenidos en la provincia de Castellón muestran un notable interés en que el ejecutivo autonómico aplique medidas para reducir la contaminación y luchar contra el cambio climático, con hasta un 71,6% de apoyo, frente al 64,2% que se da en los datos globales para la Comunitat Valenciana. Dentro del ámbito de la transición ecológica también se concreta el respaldo a otras acciones como promover el reciclaje y la reutilización de residuos o garantizar la calidad y el abastecimiento hídrico, con el 70,7 y el 52,4% de apoyo entre los castellonenses, respectivamente.
Listas de espera
Ahora bien, las prestaciones públicas centran las demandas ciudadanas poscovid. La sanidad, que figura como una de las principales preocupaciones entre los residentes en la provincia según publicó ayer este periódico, tiene como meta la reducción de las listas de espera en las intervenciones quirúrgicas. Así lo piden más de seis de cada diez (65,9%). Mientras, modernizar el sistema de salud y fomentar la asistencia telemática no cala tanto entre la ciudadanía a pesar de la experiencia impuesta por la pandemia, ya que esta reivindicación solo emana del 37,1% de castellonenses, si bien son más que el 23,8% del conjunto de los valencianos.
La encuesta recoge prioridades también en el ámbito de la inclusión social. Destaca el amplio apoyo que obtiene en Castellón, hasta 10 puntos por encima de la autonomía, al fomento de la igualdad de género y la conciliación familiar, con el 60,8%. En el mismo ámbito, los castellonenses apoyan garantizar la atención en residencias y los centros de mayores (58,5%) e impulsar la atención domiciliaria (48,1%) a las personas vulnerables o dependientes.
La implantación de las nuevas tecnologías también resulta prioritaria de cara a la recuperación de la pandemia. Por ello, la principal demanda es facilitar el acceso a internet en todo el territorio, también en las zonas rurales o del interior, donde aparece de forma reiterada la denuncia de carencias en la disponibilidad de las redes de alta velocidad, pese a los esfuerzos de instituciones y compañías proveedoras en los últimos años. Una cuestión que respalda el 70,7%, seguida de incentivar a las empresas en el uso de nuevas tecnologías (32,2%).
Sector público
La ciudadanía considera al mismo tiempo que existe margen de mejora en la administración. El principal aspecto a transformar pasa por reducir los trámites, recortando así la burocracia y facilitando la relación. Otra acción a incluir en la estrategia es mejorar la transparencia y eficiencia en el uso del dinero público, con hasta el 71,2% de apoyos.
Prioridades todas ellas para encarar el escenario de mejora económica y social, aunque sin dejar de lado las otras problemáticas confirmadas por los encuestados, como la subida de los precios, el desempleo o el propio devenir de la economía y la pandemia, junto a la asistencia sanitaria. Todo ello guarda relación en el informe con el apoyo al gasto público y la defensa del estado de bienestar. Hasta el 81,4% cree que el Estado debe ser el responsable del bienestar de todos, frente a apenas el 8,7% que opina que son los ciudadanos los responsables de su bienestar. Asimismo, aparecen sobre la mesa posturas casi unánimes, por encima del 85%, en contra de recortar el gasto público en ámbitos como la justicia o el transporte.
