La escalada de los precios, fundamentalmente de la energía, combustibles y transportes continúa avanzando y hace estragos en las economías empresariales, pero también en las de los trabajadores y familias de Castellón.
Si, como publicó Mediterráneo, el IPC previsto se había disparado en la provincia hasta el 4,3% hace apenas dos meses, el último dato conocido eleva la cifra hasta el 5,6%, mientras que los salarios pactados en convenio apenas crecen el 1,3% en este territorio.
Con estos mimbres, quienes tengan la suerte de contar con un convenio laboral revisado, perderán aún así más de cuatro puntos de poder adquisitivo.
Otra manera de explicar la situación es que: como promedio por cada cien euros de sueldo, cada uno de los asalariados castellonenses cobra este año 101,31 euros. Sin embargo, por lo que antes pagaba cien euros, ahora paga casi 106 euros. Es un promedio, porque el coste de la electricidad o de los combustibles se ha disparado muy por encima de esa proporción.
Si en el sector cerámico, que ocupa a alrededor de 15.800 personas, la situación es apenas menos mala --firmaron una subida para el 2021 del 2,7%--, mucho peor que la media es la coyuntura de aquellos trabajadores castellonense que están directamente fuera de este sistema y que superan los 30.000. Esta es la realidad que vive aún la hostelería provincial, que afecta a unos 25.000 empleados, que ven cómo después de más de una década las negociaciones siguen sin reglas del juego, si bien, todo apunta que las estrenarán en el 2022. Otra cuestión muy diferente es el entorno en el que se mueven sectores como el de oficinas y despachos (cerca de 1.000 empleados) o el transporte por carretera (alrededor de 6.000), actividad para la que no existe ninguna expectativa de que vaya a resolverse el conflicto.
El secretario general de CCO en Castellón, Albert Fernández, valora la situación en general como «muy complicada», así como manifiesta su expectativa de que «se pongan soluciones sobre todo a la escalada de precios de la energía, porque la coyuntura no solo afecta al poder adquisitivo de los trabajadores, sino también a las empresas y esto puede repercutir muy negativamente a la baja a medio plazo».
El entorno
En lo que se refiere al conjunto de la Comunitat Valenciana, la evolución es ligeramente mejor. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación cerró noviembre en el 5,5 %. Dado que la subida salarial pactada en convenio en la autonomía al finalizar noviembre, según datos del Ministerio de Trabajo, era del 1,51 %, los trabajadores valencianos van a perder al menos cuatro puntos de poder adquisitivo. Si no es más, dado que el alza de precios de la energía y de tantos productos de consumo por la crisis de suministros y el encarecimiento de materias primas auguran que diciembre acabará incluso por encima de ese 5,5 %.
