En marzo del 2020, con cero ingresos y una imperiosa necesidad de financiación, a decenas de empresas y autónomos de Castellón les cayó como agua bendita el real decreto mediante el que el Gobierno ponía en marcha dos líneas de avales del Estado de hasta 140.000 millones de euros. Restaurantes, hoteles, discotecas, tiendas de ropa, constructoras, peluquerías, despachos de arquitectura... hasta 8.363 negocios de la provincia han recibido financiación bancaria gracias a las garantías brindadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Unas operaciones que han inyectado liquidez en el tejido productivo local por valor de 2.149 millones de euros (datos al cierre del 2021). Pero este potente analgésico dejará de hacer efecto el próximo mes de abril, cuando las pymes tendrán que comenzar a devolver los préstamos que les concedieron los bancos. Los empresarios avisan que habrá decenas de compañías en la provincia que no van a poder afrontar los pagos, asfixiadas por la escalada de los costes energéticos, y reclaman al Gobierno que aplace un tiempo las devoluciones.
Alberto Ara, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana, considera «imprescindible» que el ejecutivo que preside Pedro Sánchez aplique una moratoria, como mínimo, de seis meses. «Esta medida que planteamos y que implicaría empezar a devolver los créditos a partir de septiembre, resulta necesaria por dos cuestiones. La primera porque hará que no suba la morosidad, ya que muchos pequeños empresarios a los que les toca pagar en abril no van a poder hacerlo por falta de liquidez. La segunda es porque a medida que avance el año, la situación de la pandemia se despejará y, con ello, mejorarán los resultados económicos de las empresas», argumenta.
"La crisis no ha acabado"
Ara insiste en que las dos líneas de créditos avalados por el ICO nacieron con el objetivo de aportar liquidez a las empresas que peor lo estaban pasando por la crisis del covid y, gracias a esa ayuda, muchas pudieron pagar la nómina de sus trabajadores o el alquiler de sus locales «El problema es que la crisis no se ha acabado. En las últimas semanas, la pandemia ha reflotado y está perjudicando seriamente a muchos negocios de Castellón, con lo que una prórroga a la hora de devolver los créditos resulta más que necesaria», añade.
Aunque la situación afecta a prácticamente todos los sectores económicos, la patronal autonómica CEV estima que el turismo y la hostería están entre los más perjudicados. Y lo están porque bares y hoteles tenían depositadas las esperanzas de recuperación en el mes de diciembre, pero la variante ómicron ha supuesto un desplome del consumo de las familias y, por lo tanto, de su facturación en uno de los momentos claves del ejercicio. «El próximo mes de abril llegan los primeros vencimientos y solicitamos que se extienda un año más la carencia para que las empresas con tensión financiera puedan tirar hacia adelante», aseguran desde la asociación hotelera Hosbec.
El tiempo apremia, buena parte de los empresarios de Castellón afrontan el inicio del año con otra espada de Damocles sobre sus cabezas y la CEV también va a mover ficha. «Ya hemos trasladado este tema a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) para buscar una solución de manos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el ICO», sentencian desde la organización que presiden Salvador Navarro.
