La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, descarta por el momento la aplicación de un nuevo plan de choque en los juzgados de la provincia para hacer frente a las necesidades especiales derivadas de la sexta ola del coronavirus.
Bravo indicó ayer, en declaraciones a los medios, que se mantendrán los protocolos covid actuales tras haber advertido CSIF de que los juzgados de la Comunitat Valenciana tienen entre un 20 y un 30% de su plantilla de baja por coronavirus, lo que está retrasando los procesos judiciales, según la central sindical. Así, CSIF ha exigido a la Conselleria que «adopte todas las medidas necesarias para proteger a su personal», mientras la consellera dijo ayer a este respecto que «se debe aprender a vivir con el virus si no queremos parar de nuevo la actividad económica y paralizar el país».
Medidas
En este sentido, la máxima autoridad en Justicia aseveró que «no hay motivo para adoptar medidas extraordinarias» y que «los edificios disponen de las medidas de seguridad interpersonal, de protección individual como las mascarillas y de mamparas».
Asimismo, incidió en que se está actuando «acorde a la gravedad de la situación», y apuntó que esta sexta ola «no tiene la letalidad de la variante Delta» y que la mayoría de los funcionarios, debido a la media de edad, ya están vacunados con la tercera dosis o en proceso de obtenerla.
Teletrabajo
Bravo también se refirió ayer a la petición del sindicato CSIF de volver a instaurar el teletrabajo durante tres días y afirmó que, «el teletrabajo está bien pero no podemos mandar al 70% de los funcionarios a casa porque generaría disfunciones en la marcha normal de la justicia». La consellera aboga por utilizar el teletrabajo como una «opción que de manera ordenada y regulada se puede incorporar pero no como una situación extraordinaria por el coronavirus».
Refuerzan el apoyo a discapacitados para afrontar sus procesos judiciales
El presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco; la fiscal jefa, María Díaz; y la consellera de Justicia Gabriela Bravo, entre otros cargos judiciales se reunieron ayer en Castelló para abordar la entrada en vigor de la reforma legal que afecta a toda el área de discapacidad. «Supone un cambio muy importante que implica la necesidad de que la administración ponga los recursos necesarios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual», dijo Bravo a los medios. Ayer se acordó la elaboración de una guía explicativa tanto de los procedimientos, como de los recursos que la ciudadanía tendrá a su disposición para acceder a la Justicia. Habrá una figura que es la del facilitador, encargado de acercar la compresión de todo el proceso a estos usuarios. Otro instrumento será el proyecto de lectura fácil para que cualquier resolución judicial también pueda ser comprendida por personas con capacidades especiales. Para activar estos recursos adquiere una importancia esencial la oficina de atención social ya creada.
