La exclusión financiera que viene generada en buena parte por la progresiva desaparición de las sucursales físicas de los bancos y la consecuente irrupción de los sistemas digitales para hacer las operaciones de toda la vida a través del teléfono móvil o el ordenador no es un problema nuevo. Sí es cada vez más acuciante, especialmente para las personas de mayor edad, sin formación para poder utilizar los nuevos instrumentos en red, un colectivo que ha logrado captar la atención del Gobierno por esta causa en los últimos días, hasta arrancar un compromiso a las entidades para que en el plazo de un mes presenten una batería de medidas que palíen la situación.
En la provincia de Castellón, el deterioro de la atención presencial es tal que ya ha perdido el 64% de las oficinas bancarias con las que llegó a contar en el 2008, que eran 684, la cifra histórica máxima. Según el último boletín del Banco de España al respecto, al cierre del pasado mes de septiembre, el territorio contaba con apenas 252 sucursales, tres menos que al acabar junio --cierra una al mes-- y veinte menos que a mitad del 2020.
La falta de sedes bancarias afecta de forma concentrada en los municipios del interior y, de hecho, más de dos tercios de las poblaciones de la provincia carecen de este servicio básico, por lo que tienen que desplazarse a localidades vecinas para poder realizar una gestión con su entidad.
Cajeros rurales en marcha
Para revertir esta situación, antesala de la exclusión social, el Consell anunció hace más de dos años la instalación de cajeros automáticos en municipios y pedanías del interior castigadas por la despoblación, una iniciativa que se retrasó por la pandemia, pero que finalmente comenzó a hacerse realidad hace un mes, con la puesta en marcha del primero de los 135 elementos previstos en núcleos poblacionales de la Comunitat Valenciana --53 de ellos en Castellón-- que no cuentan con servicios financieros básicos, especialmente en localidades que están en riesgo de éxodo rural.
Aunque el proceso avanza con lentitud, la previsión es que en abril de 2022 estén todos en funcionamiento. Con esta iniciativa, la Generalitat pretende acabar con la exclusión financiera que padecen municipios y núcleos de población de la Comunitat. La actuación, adjudicada a CaixaBank, cuenta con una inversión de 7.830.000 euros, de 2021 a 2025.
