Los ayuntamientos de Castellón que se han visto implicados tras anunciarse la prórroga para investigar el caso Erial --Nules, la Vilavella y Alcalà de Xivert-- no han entrado a valorar las implicaciones de este asunto en sus municipios y se han limitado a garantizar «colaboración total con la Justicia». Así lo detallaron este viernes los alcaldes de Nules y la Vilavella, David García y Carmen Navarro, y el gobierno de Alcalà, en este caso a través de un escueto comunicado de prensa.
En los dos primeros municipios, los hechos que se están investigando se produjeron cuando los actuales equipos de gobierno no estaban en el consistorio, una de las principales razones para que no hayan querido hacer valoraciones sobre el fondo de la cuestión.
En cuanto a Alcalà, el alcalde entre 2011 y 2015 --periodo investigado-- sí que era Francisco Juan Mars. Sin embargo, en el Ayuntamiento tampoco han profundizado en el tema. La reacción municipal se limita a ratificar que el Juzgado de Instrucción Número 8 de València les requirió información «dentro de una investigación a una empresa privada» y que «recientemente» agentes de la UCO se personaron en el edificio consistorial «y se les facilitó toda la documentación requerida».
Presunción de inocencia
Tanto David García como Carmen Navarro remarcaron otra razón para guardar silencio sobre la posibilidad de que esta trama corrupta en investigación pueda haber llegado a sus ayuntamientos, «el principio de presunción de inocencia».
El primer edil de Nules manifestó que «es un tema judicial y debemos mantener un respeto total por la investigación, por lo que no vamos a dar detalles sobre lo que se nos ha solicitado», a lo que añadió que «será la Justicia la que determinará las responsabilidades, en el caso de haberlas».
La alcaldesa de la Vilavella confirmó que los agentes de la UCO buscaban información sobre «un expediente concreto, el del contrato con Elecnor, que lleva el alumbrado público, y se les facilitó todo lo que pidieron». Lo que sí añadió es que «si en algún momento se demuestra que se ha ocasionado algún perjuicio al municipio, nos personaremos para defender los intereses de los vecinos», una postura en la que está de acuerdo todo el equipo de gobierno, formado por Independents per la Vilavella y el PP, que sí que gobernaba en ese momento.
Como publicó Mediterráneo, la jueza que investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, dentro del caso Erial, ha decidido prorrogar la instrucción otros seis meses más, hasta el 29 de julio de 2022. La razón está en que estima que es preciso recabar más información, entre la que se incluye los contratos reclamados a los tres municipios castellonenses y otros a PortCastelló.
En su resolución, la jueza defiende el proceso de investigación y rechaza que haya dilaciones injustificables tal y como había expresado alguna de las partes, al tiempo que indica que falta analizar --por ella y por la UCO-- documentación intervenida al exconseller Fernando Castelló, quien define el eje de las investigaciones de Erial en Castellón y la contestación a varios requerimientos emitidos.
