Una ola bastará para que el Ministerio de Transición Ecológica, a través del Servicio de Costas, pueda tomar el control y la propiedad de suelo del litoral. Es una de las modificaciones previstas en el proyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas, cuyo periodo de información pública concluyó este mes de enero y que ahora aborda la resolución de las numerosas alegaciones presentadas.
Y es que el Gobierno ultima la normativa que sustituirá a la actual, la cual data del año del 2014. Los principales cambios en el texto pasan por flexibilizar los criterios para fijar el deslinde del litoral y, de esta forma, extender el terreno protegido, pero también ampliando las edificaciones que se ven afectadas por ello.
En concreto, la nueva redacción del texto señala que el dominio público llega hasta donde lo hacen las olas. Una sola ola será suficiente para imponer esta calificación, que es la que más limita las posibilidades de usos y requiere que el ejecutivo central otorgue una concesión por un periodo limitado y prefijado. Hasta la fecha era necesario que esta situación se diera hasta cinco veces en cinco años, por lo que el cambio facilita mucho transformar suelo a dominio público y más ante los diferentes episodios de temporales y borrascas que se dan en la provincia.
En esta superficie también queda restringida la actividad de los particulares, entre ellos, la edificación de viviendas.
Las dunas
El segundo criterio que sufrirá una modificación es el destinado a la protección de las dunas. Prácticamente la totalidad de estas acumulaciones de arena quedarán protegidas de nuevo bajo la figura del dominio público, tanto las que dispongan de vegetación que las estabilicen como las que no y su lugar, a excepción de las que estén aisladas tierra a dentro, sobre una costa rocosa o carezcan de vinculación con la playa.
La redacción actual resulta más laxa pues dentro de las exclusiones se abarca también a las que dispongan de más del 75% de su dimensión con arbustos o árboles, cosa que desaparecerá.
Según el ministerio impulsor de la nueva normativa, que encabeza Teresa Ribera, el principal argumento para estos cambios pasa por «resolver disfuncionalidades e incoherencias detectadas en los siete años de vigencia del actual reglamento y adaptarse a las diferentes sentencias» de tribunales.
Consecuencias
En resumen, Costas podrá ampliar el deslinde hacia el interior. El principal efecto sería sobre las construcciones que figuran en el espacio que quede afectado, y no son pocas en la provincia de Castellón, pues a la línea marcada para establecer el suelo público hay que sumar la franja de servidumbre de protección, que oscila entre los 20 y los 100 metros, según si la zona es urbana o natural.
Todas ellas, independientemente de su titularidad pública o privada, dejarán de poder ejecutar obras, menos las de conservación sin que modifiquen la estructura de la instalación.
Permisos
Otra de las novedades sustanciales que se pone sobre la mesa es el establecimiento del plazo máximo de duración de las concesiones sobre el dominio público marítimo terrestre en 75 años, abarcando dentro de él todas las posibles prórrogas que se puedan conceder. Esto pondrá fecha de caducidad a los permisos de otras tantas instalaciones, desarrolladas cuando no existía una normativa de este tipo, y que posteriormente han quedado afectadas. Además, se cierra la puerta a que se cambie su uso mientras duren dichas licencias. El Gobierno busca así liberar ese suelo, aludiendo como justificación a lo previsto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Chiringuitos
Tampoco se libran de los cambios los populares chiringuitos, que ahora solo podrán disponer de máximo una altura sin sótano y queda bastante condicionada su extensión, sin que quede apenas capacidad de decisión.
Ahora bien, habrá que esperar aún para completar la tramitación del real decreto y a su posterior aprobación, quedando oportunidad para introducir cambios ante las críticas ya surgidas.
