El grupo Pamesa anunció recientemente que ya cuenta con los permisos necesarios para explotar una mina de arcilla blanca en la provincia de Teruel. Una concesión que está ubicada en los términos municipales de Estercuel, Gargallo y Cañizar de Olivar, con una extensión de 80,42 hectáreas y de la que se extraerá un promedio anual de 600.000 toneladas.
Se trata de una noticia poco usual a la hora de referirse a la extracción de materias primas con destino al sector cerámico, y mucho menos si estas solicitudes se realizan en el territorio autonómico. De hecho, el presidente de Pamesa, Fernando Roig, ha destacado en diferentes ocasiones su malestar por el retraso en tener los permisos para una mina en la localidad valenciana de El Puig, que va camino de los nueve años de tramitación. Un ejemplo que desde la Federación de la Industria extractiva de la Comunitat Valenciana (Fiecova) indican que se trata de la tónica habitual.
«Uno de los mayores problemas del sector en la actualidad, es la dificultad y complejidad en la tramitación y eventual obtención de resolución de expedientes referentes a derechos mineros que, en ocasiones, permanecen paralizados durante años», mencionan desde esta organización, que además incide en el efecto negativo de las «paralizaciones en un sector estratégico, primario e insustituible de la materia prima minera, dado que la media en el acceso al recurso, en la obtención del derecho minero, supera con carácter general los diez años».
Trámites medioambientales
De este largo proceso, la principal barrera burocrática tiene que ver con los trámites medioambientales, «donde la media para la resolución es de más de cinco años». El presidente de Fiecova y de la patronal de las industrias extractivas (Arival), Custodio Monfort, detalla que con menos de cinco años «prácticamente no se autoriza nada, cuando todos estos procedimientos deberían ser más rápidos; desde luego que en Aragón o Murcia las cosas funcionan de una manera más ágil».
Una muestra de que las autorizaciones llegan a cuentagotas tiene que ver con la explotación de Vega del Moll, en la comarca de Els Ports, donde se extraen arcillas rojas. Otorgada en el 2019, es la única que ha superado todos los escollos en los últimos 10 años. En el resto de la Comunitat tampoco hay un movimiento mayor, ya que hubo un permiso en el 2018 y otro en el 2019, además de una explotación de caolines --una variedad de arcilla blanca-- en el 2018. Mientras, en Alicante no se ha dado ningún otorgamiento a lo largo de la última década.
Muchas puertas a las que llamar
La gran cantidad de organismos a los que hay que pedir permiso tiene que ver con esta situación, así como un marco legal pendiente de actualización desde hace décadas. «España es el país de la Unión Europea con mayor número de leyes que concurren en la regulación del sector minero, con 112 normas, frente 46 de Alemania, las 51 del Reino Unido o las 10 de Francia, sin que haya razones que justifiquen tan acusadas diferencias», detallan en Fiecova.
En teoría, el reglamento que marca las autorizaciones tiene de plazo 60 días, y data de 1978. «La situación real es que se dan hasta 11 años de retraso para conseguir el otorgamiento de concesión», concluyen desde la entidad. La lentitud para tener permiso de explotación minera con destino al azulejo no solo se da a la hora de las nuevas extensiones. Desde Fiecova desgranan que a la hora de ampliar la superficie explotable de concesión «el plazo legal es de tres meses, pero la situación real muestra una media actual de cuatro años». Otro tanto ocurre con las peticiones de prórroga de vigencia de la explotación minera. Debe presentarse con tres años de antelación, mientras que el proceso se alarga otros tres años más.
Castellón cuenta en este momento con siete explotaciones activas
La provincia de Castellón tiene en la actualidad siete explotaciones activas de arcillas, según los datos facilitados desde la Conselleria de Economía. Además hay otras cinco explotaciones en situación de suspensión temporal autorizada, de modo que tienen la posibilidad de extraer pero comunican a la autoridad competente que no van a realizar trabajos de explotación durante un período de tiempo determinado. En cambio, en la provincia de Valencia hay más actividad, con 22 explotaciones activas de arcillas, cinco de sílice y 53 de caolines. Según indica el departamento autonómico, todas estas minas detalladas están destinadas al suministro de materia prima mineral para el sector azulejero.
Buena parte del material procedente para los hornos de producto cerámico de Castellón procede del exterior. En este sentido, Ucrania se ha erigido en los últimos tiempos como el principal suministrador de arcillas, especialmente de las destinadas para fabricas azulejos con pasta blanca. La crisis abierta con Rusia tiene en vilo al sector, ya que un hipotético conflicto armado podría suponer un corte en el suministro. El 85% de todas las arcillas de importación proceden de este país.
