Alarma vecinal en un bloque de viviendas de alquiler asequible ubicado en la calle Joaquín García Girona de Castelló, a muy pocos metros de la Universitat Jaume I (UJI). Un grupo de okupas ha tomado a la fuerza ocho de los 70 pisos de los que consta el inmueble y los residentes de la zona denuncian problemas de inseguridad y episodios de vandalismo, con zonas comunes destrozadas y plazas de aparcamiento donde se acumula la chatarra y la basura.
Aunque los primeros okupas llegaron al bloque en noviembre del 2020, ha sido en los últimos meses cuando los problemas se han agravado. «Nos da la sensación de que cada vez hay más intrusos y, al menos, tenemos constancia de que ocho pisos están habitados de manera ilegal», aseguran varios vecinos que explican que el clima de inseguridad se está volviendo insoportable. «El edificio es un desastre. Hay puertas y ventanas tapiadas, zonas comunes rotas y tememos por nuestros hijos», relatan varios residentes del edificio, impotentes al ver cómo pasan los meses y los intrusos siguen campando a sus anchas.
El inmueble del número 15 de la calle Joaquín Girona García está gestionado en su totalidad por la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (Evha), adscrita a la Conselleria de Vivienda, un departamento que, no solo es consciente del problema, sino que ya ha puesto sobre la mesa una batería de medidas para disuadir a los okupas. «La más importante, además de reforzar la vigilancia policial, es implantar un servicio de seguridad durante las 24 horas del día», explica César Jiménez, director del Evha y que el pasado mes de diciembre se reunió con los vecinos del bloque para intentar buscar una solución al problema.
Jiménez confirma que los primeros okupas se instalaron a raíz de la llegada al bloque de una familia que cumplía todos los requisitos para poder optar a una de estas viviendas de alquiler asequible. «Poco a poco han ido llegando más y en estos momentos hay ocho viviendas ocupadas de manera ilegal», describe el director de la Entitat d’Habitatge.
Nada más tener constancia de la presencia de okupas, y ante el incremento de las quejas de los vecinos, el Evha inició un procedimiento administrativo (envió cartas a a los okupas) que no ha tenido los resultados esperados. Ahora se ha iniciado un proceso para contratar seguridad privada, medida que estará operativa dentro de un mes. «Pensamos que será suficiente, ya que en bloques de vivienda pública de Gandía o Aspe hemos tenido problemas similares y con la vigilancia se ha solucionado», añade Jiménez. No obstante, Vivienda no descarta interponer una demanda judicial.
