El PSPV-PSOE de Castellón puso en valor este viernes el impulso a la modernización que supondrá el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) del sector agroalimentario que contempla una inversión de mil millones hasta el 2023 y que fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Así lo pusieron de manifiesto en rueda de prensa la diputada en el Congreso por Castellón Susana Ros y el secretario de la Comisión Ejecutiva Nacional, Rafa Simó. La representante socialista en Madrid afirmó que el conjunto de medidas del plan «reforzará el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad que defiende el Partido Socialista», a la vez que explicó que «se trata de un conjunto de medidas dirigidas a transformar, modernizar e impulsar el crecimiento económico sostenible, su digitalización y la cohesión territorial». Ros añadió que «para este Gobierno, el sector agroalimentario tiene una gran importancia económica, y una enorme significación social, territorial y ambiental de fundamental valor para nuestro país». 

Por su parte, Simó hizo hincapié en que más de dos tercios del Perte, un 66,5%, irán destinados a subvenciones: «El Perte agroalimentario es otro ejemplo más de la apuesta del partido socialista por hacer del sector agroalimentario un referente y situarlo a la vanguardia», al mismo tiempo que calificó la estrategia como «una propuesta coherente y con un planteamiento transversal que da respuesta a los retos y necesidades a un sector clave que es la octava potencia mundial y supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel estatal», dijo Simó.

Impacto

Esta inversión se estima que tendrá un impacto de partida en la economía de 3.000 millones de euros y permitirá crear hasta 16.000 empleos. 

Cuenta con tres ejes de actuación: un paquete dotado con 400 millones de euros de apoyo específico para el sector de la agroalimentación destinado a contribuir a las mejoras de los procesos de producción; 454,35 millones de euros en medidas concretas para su adaptación digital y, por último, otra serie de medidas específicas para la innovación e investigación con 148,56 millones.