Ajenas a los patinetes eléctricos. Así viven la mayoría de ordenanzas de tráfico de las localidades de la provincia de Castellón pese a la proliferación en auge del uso de este tipo de vehículos para desplazarse en el día a día.
Son escasos los municipios del territorio que cuentan con regulación que incluya a los vehículos de movilidad personal y no todos han completado todavía la tramitación administrativa o están pendientes de aprobación.
Castelló es una de las ciudades que trabaja en adaptar su reglamentación que, en especial, limitará la circulación de este medio de transporte a las vías con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora o requerirá un seguro de responsabilidad civil.
También lo hace Vila-real, aunque allí los criterios son distintos. El seguro se queda en una recomendación, mientras que la prohibición de transitar se limita a las aceras del municipio. Una disparidad que se repite con Almassora, que prevé elevar a pleno la actualización de la ordenanza hoy lunes, o con la Vall d’Uixó y Nules, siendo estas últimas las dos que tienen la regla en vigor, más allá de haber aplicado cierta moratoria a la hora de que la Policía Local imponga sanciones hasta informar a la ciudadanía.
Última reforma
Y es que, la ley de Tráfico, en su última reforma, comienza a tener en cuenta a los vehículos de movilidad personal estableciendo un marco general, que se activará a partir del 21 de marzo, una vez se cumplan tres meses desde la aprobación. El nuevo texto confirma los pasos dados previamente por la Dirección General de Tráfico para poner orden ante el vacío legal que existía y tras producirse diversas víctimas en accidentes protagonizados por patinetes. En líneas generales, fija una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, la obligatoriedad de usar casco, utilizar individualmente el patinete o portar en un futuro un certificado técnico del vehículo.
La última palabra
Ahora bien, según apuntan expertos en la materia, son las ordenanzas locales las que tienen la última palabra, lo que obligará a las poblaciones de Castellón a adaptar o crear sus propias normas para evitar entrar en contradicciones. De hecho, desde el Ayuntamiento de Benicarló señalan a este diario que aguardaban a la normativa estatal para desarrollar la suya, aunque mientras tanto pusieron en marcha un registro de estos vehículos para que la Policía Local pudiera comprobar que se encontrara todo en regla.
Benicàssim se encuentra trabajando en esta cuestión, según aportan fuentes municipales, al igual que Burriana, donde técnicos y el cuerpo de seguridad local estudia otras reglas ya existentes como base a la suya.
En Peñíscola confirman su intención de actualizar la ordenanza a partir de la ley de Tráfico ya reformada, mientras que Vinaròs se rige por ahora por las instrucciones previas de la DGT para resolver las discrepancias en la vía pública con este tipo de vehículos, además de haber publicado una guía con recomendaciones a la hora de circular para sus vecinos. Y l’Alcora aguardará ante la escasa presencia allí de patinetes.
El debate
Una de las principales polémicas a la hora de resolver el limbo legal en el que se encontraban los patinetes eléctricos es si existe la necesidad de obligar a disponer de un seguro de responsabilidad civil que responda en caso de accidente. Algunas ciudades ya han tomado esta decisión, cosa que aún no ha hecho la DGT.
En este sentido, el secretario general de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, indica que «la regulación de los vehículos de movilidad personal debería ser mucho más estricta» y considera que «sí que debería establecerse el seguro obligatorio por los problemas generados». «Muchos comentarios que nos llegan sobre esta cuestión están centrados en la forma de actuar y circular de los usuarios de patinetes al multiplicar el riesgo», concluye.
Informan Javier Flores, Alba Boix, Eva Bellido, Isabel Calpe, Mònica Mira y Javier Nomdedéu.
