El presidente de la Diputación, José Martí, ha anunciado que el próximo lunes se celebrará una reunión telemática entre el área de Medio Natural de la institución, los 135 ayuntamientos de la provincia y las nuevas empresas adjudicatarias del renovado Plan Provincial Contra los Mosquitos. Se trata del primer encuentro de coordinación del año que, en esta ocasión, cumplirá el objetivo de poner en contacto a alcaldes, ediles y técnicos municipales con las nuevas empresas adjudicatarias.
Se trata de ADDA OPS, que será la encargada de realizar los trabajos de vigilancia y control de la situación para mantener permanentemente informados a los ayuntamientos y de aplicar los tratamientos terrestres en las áreas no urbanas, como marjales y otras zonas inundables; Lokímica, que realizará los tratamientos terrestres en la zona sur; CTL, que hará los mismos trabajos en la zona centro; NC-Serviplag que los llevará a cabo en la zona norte, y EZSA, que será la que realice los dos vuelos que están previstos durante esta temporada.
Martí señala que el fin es «anticiparse a la época de mayor proliferación de insectos definiendo una hoja de ruta que se irá aplicando según vaya avanzando la temporada y cómo evolucione esta problemática que se ha agudizado en los últimos años a consecuencia de las variaciones climáticas que se están produciendo en la franja mediterránea». En definitiva, «lo que se pretende es trabajar de forma coordinada y con la suficiente anticipación a fin de conseguir los mejores resultados».
En esa misma línea, incidió la diputada provincial de Medio Natural, María Jiménez, quien manifestó que el contacto directo y permanente con los ayuntamientos es «una constante en la casa desde que tomó posesión el gobierno progresista de la nueva Diputación del cambio en el 2019».
Mejoras
La Diputación de Castellón ha mejorado de forma significativa el Plan Provincial Contra los Mosquitos, una vez vencidos los contratos que sacó a licitación la administración anterior. Ahora se han adjudicado cuatro contratos que tienen el objetivo de mejorar los resultados incrementando un 30% el número de jornadas de tratamiento terrestre, que si en el 2021 fueron 300, en el 2022 alcanzarán la cifra de 390.
Las adjudicaciones tienen una duración de dos años, prorrogables año a año hasta completar un máximo de cinco anualidades.
