La noticia llegó en marzo del 2020, pocas semanas después de que irrumpiera la pandemia. El Gobierno anunciaba la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un salvavidas de entre 462 y 1.015 euros mensuales con el que se pretendía rescatar a quienes peor lo estaban pasado. La prestación, que finalmente se aprobó en el Congreso en el mes junio y lo hizo sin ningún voto en contra, nació con la promesa de llegar a unas 10.000 familias de la provincia, aunque casi dos años después la del IMV es una historia de luces y también de muchas sombras. Todo porque pese a que los datos han ido en aumento, los beneficiarios ni siquiera llegan a la mitad de los inicialmente previstos.
Las últimas cifras que maneja el Ministerio de Seguridad Social, y que corresponden al pasado mes de diciembre, revelan que en Castellón son 4.152 las familias que recibe el ingreso mínimo, casi 6.000 menos que las que auguraba el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A nivel nacional sucede exactamente lo mismo: llega a 362.017 hogares frente a los 850.000 que estimaba el Gobierno. Y si en lugar de hogares se analizan las cifras por persona, el resultado es muy similar. En la provincia los beneficiarios son 9.924 (casi 6.000 adultos y 4.000 menores), mientras que en el conjunto nacional la cifra asciende a 824.441 personas. «Algunos de sus requisitos y la complejidad de su gestión han hecho que tan solo un 9,3% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado ya del IMV», apuntan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncian también que durante el año pasado el Ministerio «no ejecutó un tercio del presupuesto destinado a evitar el sufrimiento de las familias más vulnerables».
18.000 solicitudes presentadas
El ingreso mínimo se ha quedado en mucho menos de lo esperado y la explicación hay que buscarla en que buena parte de los expedientes son rechazados por no cumplir con los requisitos. Si durante los primeros meses la avalancha de solicitudes colapsó el sistema, hoy la práctica totalidad de las casi 18.000 solicitudes que se han presentado en Castellón han sido tramitadas. El problema es que de los casi 16.000 expedientes válidos y tramitados (unos 2.000 han sido rechazados por duplicidades) 11.000 han sido denegados y 4.152 han resultado aprobados. La inmensa mayoría de las denegaciones se deben a no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta o patrimonio) o a la falta de acreditación de la unidad de convivencia.
A Jaume Agost, presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castellón, todos estos datos no le sorprenden en nada. «Desde un primer momento ya dijimos que lo ideal era una renta básica universal, que nos hubiera dado mucho menos problemas», señala. Desde Cáritas también ven necesarias mejoras. «Es urgente mejorar la cobertura y la aplicación del ingreso mínimo así como de la Renta Valenciana de Inclusión y mejorar o la coordinación entre Administraciones», apuntó hace tan solo unos días Ignacio Grande, presidente de Cáritas Comunidad Valenciana.
