Representa a más de dos millones de empresas del país y en los últimos tiempos ha tenido que negociar con el Gobierno y los sindicatos en tiempos de pandemia. Justo en el día en el que empieza otro momento preocupante a nivel global, el estallido del conflicto bélico en Ucrania, el presidente de la CEOE, Antoni Garamendi, ha protagonizado el desayuno empresarial organizado por Mediterráneo en la sala Varadero del Grau.

Su intervención estuvo centrada en exponer las claves de la situación económica en este 2022, y apelar al éxito del diálogo social para aportar estabilidad. "Intentamos tener sentido de estado, plantear los temas buenos para la sociedad y el país, siempre con lealtad institucional".

Uno de los asuntos principales fue el acuerdo para la reforma laboral. "Un éxito que da una estabilidad clave al país, lo que hace que estemos avanzando y generando estabilidad en el empleo y la economía", mencionó, al tiempo que aporta garantías ante foros e inversores internacionales. Aún así, "hay algún tema a ajustar", como en trabajos de temporada en el campo.

Además, hizo referencia a que en los últimos tiempos "hemos firmado más cosas de las que se puedan imaginar", como la ley del teletrabajo, la de regulación de compañías de riders o la de la formación profesional. "Una de las más importantes", recalcó, ya que las ofertas de empleo y las necesidades de las empresas "no casan con la formación de las personas, cuando encima hablamos de puestos de trabajo estables". Una situación que resumió en que hay compañías "que necesitan trabajadores y no los tiene, y para ello la formación es clave y en eso hay que ponerse en marcha", por lo que reclama el papel de los empresarios para ayudar a gestionar los planes de formación.

Críticas por el salario mínimo

Los objetivos alcanzados con sindicatos y Gobierno no fueron impedimento para que Antonio Garamendi recordara la postura contraria de la CEOE al incremento del salario mínimo. "No estamos de acuerdo, porque hay sectores que lo pasan mal, como el campo", relató. También expuso el caso de aquellas compañías que mantienen contratos con las administraciones públicas. "Han tenido que subir el salario mínimo en un 35% en los últimos años, pero no reciben el mismo incremento de dinero por parte de la Administración", detalló.

Al mismo tiempo mencionó que ya hay "diez comunidades autónomas donde el salario mínimo ya llega a más del 70% del salario medio", con el efecto que esto tiene sobre los costes laborales y la competitividad de las compañías.

Negociación colectiva

Otra de las advertencias del presidente de la CEOE tuvo que ver con las negociaciones de convenios, en las que desaconseja que los incrementos salariales se hagan acorde con la inflación. "Nos habíamos acostumbrado a trabajar con IPC negativo, pero el panorama ha cambiado, con una inflación del 6,5% que es coyuntural pero que puede acabar siendo estructural". Ante esta realidad "hemos llamado a los sindicatos para ver cómo establecemos una referencia, pero no es fácil, aunque la realidad es que si no contenemos los salarios la inflación será crónica; hay que tener cuidado y ver cómo se jugará el partido, con lo que tenemos que ser responsables nosotros y los trabajadores".

Evolución

El parlamento de Antonio Garamendi estuvo precedido de su visión sobre el devenir económico de España desde la crisis de la pasada década, "que fue profundísima", y que en España se solventó "con un Gobierno que hizo los deberes con la reforma laboral y la reforma financiera". Unos cambios, en especial los referidos al mercado de trabajo, "que tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional valoraron como buenos, y que nosotros defendemos", expuso.

Desde ese momento "mejoró la internacionalización de las empresas y las cosas se fueron ajustando, hasta que llegó la pandemia", donde se demostró "el sentido social de las empresas y nos pusimos de acuerdo con gobiernos de todas las ideologías para ayudar". En este sentido destacó el papel de los ERTE, "una herramienta clave y que fue fruto de la reforma laboral anterior", y la aportación de los créditos ICO.

En cuanto a la política económica del Gobierno, ha advertido del "problema del déficit público, con el 120% del PIB y sería un problema tener 60.000 millones de euros de deuda anual". Reclamó "rigor y ortodoxia económica".