La justicia castellonense pisa el acelerador tras el parón por la pandemia, pero sigue siendo insuficiente para atajar los graves colapsos históricos, fruto de la elevada actividad judicial y de la falta de medios --especialmente de nuevos juzgados, pero también de personal--.
Y es que, aunque en el 2021 se resolvieron más de pleitos que en el ejercicio anterior --concretamente, un 16% más--, los partidos judiciales de la provincia continúan siendo los más atascados de toda la Comunitat Valenciana. La tasa de congestión así lo demuestra, situándose en 1,60 en la provincia de Castellón, frente a 1,40 en Valencia y 1,48 en Alicante, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si se analizan los datos por jurisdicciones, son los de Mercantil -- competentes en materia concursal de las empresas-- los que tienen una peor situación, pues su tasa de congestión se eleva hasta los 3,13.
Nueva normalidad
La actividad de los órganos judiciales de toda la Comunitat Valenciana, que se había visto alterada durante el 2020 por la crisis sanitaria del covid-19, volvió a la normalidad en 2021 tal y como muestran los datos contenidos en el informe estadístico del CGPJ.
Los juzgados de Castellón ingresaron el pasado año 67.122 nuevos asuntos, o lo que es lo mismo, siete cada hora. Por otra parte, se resolvieron un total de 65.646, según los datos anuales.
A nivel autonómico, el pasado año ingresaron en los juzgados y tribunales de la Comunitat 669.576 nuevos asuntos, un 11,8% más que en el 2020, y un 1,2% más que en el 2019. En el mismo periodo, se resolvieron un total de 681.867 asuntos, un 18% más que en el 2020, y un 5% más que en el 2019; y quedaron en trámite 302.663 asuntos, lo que representa una reducción del 3,5% respecto al final del 2020.
Por otra parte, la tasa de pendencia, que relaciona los asuntos pendientes al final del periodo y los asuntos resueltos, descendió un 18,2% mientras que la tasa de sentencia bajó un 17,1%.
La tasa de litigiosidad en la Comunitat fue de 132,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, registros muy similares a los del conjunto del Estado. Las comunidades que tuvieron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (171,1), Andalucía (144,1), Madrid (137), Murcia (134,5) y Asturias (133,9).
