El trabajo de gestión del monte que realizan los cazadores y los clubs de caza se refleja en el equilibrio de la biodiversidad y en la labor de frenar las distintas problemáticas que provocan una alta población de especies salvajes. En la provincia de Castellón existen distintas zonas con sobrepoblación de conejo y de jabalí, un hecho que afecta negativamente a la producción agrícola. «La sociedad tiene que ser consciente de que los agricultores y cazadores trabajamos de la mano para evitar que las cosechas se echen a perder por los daños a la agricultura que se producen debido a las sobrepoblaciones de fauna», apunta el delegado provincial de la Federación de Caza, Pablo Molina. La cinegética convive rodeada de trabas y ataques continuos hacia el colectivo. Por ello, Molina asegura que «así no podemos ayudar» y reclaman más «mano dura» ante los distintos acontecimiento sucedidos.
Robos y actos vandálicos
Distintos acotados de la provincia sufren actos vandálicos en los que se destrozan infraestructuras y señalizaciones. Los robos de comederos y bebederos, y las pintadas en las tablillas, están a la orden del día. «Esto afecta negativamente a la fauna, las personas que lo hacen son los culpables de dejar sin comida y agua a los animales, provocando daños irreparables a la fauna de la zona», cuentan desde la Federación. Acciones que se denuncian al grupo Roca de la Guardia Civil, pero que no llegan a ningún cauce por no encontrar a los causantes.
Las batidas de jabalí es la principal acción efectiva que se está llevando a cabo para la reducción de su sobrepoblación en distintas zonas de la provincia. Si bien cada acotado tiene su gestión controlada a través del PTOC, hay zonas públicas donde está prohibida la caza y sirve como área de concentración provocando nichos de sobrepoblación. Una de estas zonas es el Parque Natural del Desert de les Palmes, donde la Conselleria pide ayuda a los cazadores de los cotos cercanos para realizar batidas excepcionales, con el único objetivo de reducir el número de jabalís que hay en el paraje. No obstante, este trabajo que lleva a cabo la Delegación de Caza de Castellón junto a los clubs, se ve boicoteado por grupos anticaza. «Estas acciones radicales empezaron en 2020 cuando una de las batidas autorizas se suspendió por la intrusión de varias personas dentro de la zona restringida», recuerda Molina, un hecho que se ha vuelto a repetir este año y que ha sido denunciado por la Federación a las autoridades.
La última acción realizada por estos grupos anticaza no solo ha puesto en peligro la batida, sino una actuación eficaz ante una emergencia. «A la llegada al cazadero nos encontramos con los caminos cortados por árboles y además habían pinchos en el suelo tapados con ramas», explica un cazador afectado.
Respecto lo sucedido, la Federación denunciará este vandalismo, ya que la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, refleja que se necesita una autorización expresa de la Administración para realizar cualquier manipulación de la masa forestal. «Esto se está yendo de las manos. Ahora nos ha pasado a nosotros, pero si llega a ocurrir algo grave y se necesita acceder a la zona para socorrer a alguien o apagar un incendio hubiera sido imposible», denuncia el delegado provincial.
