La Diputación de Castellón dio el visto bueno este martes, en el pleno ordinario de marzo, a la incorporación de 11,2 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería --ahorros de la propia institución-- a los presupuestos del presente ejercicio del 2022, que alcanzan así los 189,1 millones.
El aumento representa un 6,33% respecto a las cuentas iniciales de 177.876.325 euros. El presidente provincial, José Martí, explicó que con esta modificación de crédito «reforzamos unas cuentas públicas que en el momento de su nacimiento ya dijimos que eran históricas y expansivas».
El máximo dirigente provincial valoró que, en ese momento, «no podíamos imaginar que tendríamos que afrontar una situación inesperada como la guerra en Ucrania, que nos obligará a colaborar con el resto de instituciones para acoger con la dignidad que se merecen a las personas refugiadas que lleguen a nuestra provincia», apuntó.
Sin votos en contra
La inclusión de estos fondos extra al presupuesto provocó posturas diversas según el destino de cada partida entre los partidos de la corporación provincial, aunque no hubo ningún voto en contra, ya que la oposición de Partido Popular y Ciudadanos se movió solo entre el apoyo y la abstención.
En concreto, de los 11,2 millones incorporados a la planificación económica, la partida más elevada, de cinco millones, se destinará al fondo de cooperación municipal con el fin de «cumplir el compromiso adquirido por el equipo de gobierno progresista de la institución de transferir por esta vía 15 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia».
También se beneficiará el plan de eficiencia hídrica, lo que según el diputado de Sostenibilidad y portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, representa «una fuerte inversión para que un recurso escaso y tan valioso no se pierda en la red de suministro de los municipios de Castellón». Completan las partidas 2,6 millones para reparar daños de la red de carreteras provincial, el incremento de 500.000 euros para las subvenciones a ayuntamientos para la rehabilitación de viviendas y otros 200.000 euros para la crisis de Ucrania.
En las arcas
Tras todo ello, según detalló el diputado de Hacienda, Santiago Agustí, las arcas de la Diputación mantienen un remanente de 8,3 millones, «que podría dar lugar a nuevas modificaciones de crédito si en los próximos meses se considerase necesario implementar nuevos proyectos».
Más allá de las discrepancias que surgieron en las modificaciones de crédito entre equipo de gobierno y oposición, la unanimidad fue el común denominador a la hora de reclamar al Gobierno central la inclusión del sector cerámico entre los beneficiarios de las medidas anunciadas frente a las consecuencias económicas por la guerra entre Rusia y Ucrania, además de pedir una reforma del mercado eléctrico. Los 27 diputados del pleno también condenaron el conflicto bélico en otra declaración y defendieron el documento que solicita reconsiderar la decisión de cerrar la planta de Nordex en la Vall d’Uixó.
El mayor debate de la sesión plenaria de este martes, más allá del derivado de una moción más sobre sanidad, estuvo centrado alrededor de la aportación de la corporación provincial a la ayuda humanitaria en respuesta a la guerra por la invasión rusa a Ucrania. El Partido Popular, junto a una enmienda de Ciudadanos, pusieron sobre la mesa la creación de un fondo dotado con 1,5 millones de euros, mientras que el equipo de gobierno, en ese mismo pleno, aprobó destinar 200.000 euros de remanentes a esta misma cuestión.
El portavoz popular, Salvador Aguilella, endureció el tono de la sesión al valorar la aportación del ejecutivo provincial de «totalmente insuficiente» y acusarles de «mirar para otro lado», entre otras afirmaciones. De hecho, Aguilella llegó a afirmar haber sido insultado durante la intervención del diputado de Compromís Pau Ferrando, cuestión que quedó desmentida por el presidente, José Martí, ya que lo que reprochó Ferrando fue una «actitud miserable».
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Cristina Fernández, se unió al PP a la hora de pedir más fondos: «La declaración institucional es un brindis al Sol», aportó, pidiendo que se establezcan ayudas y se repartan entre los municipios.
La vicepresidenta y responsable de Bienestar Social, Patricia Puerta, se dirigió a Aguilella y lamentó «que quieran hacer política con este debate». La dirigente defendió los 200.000 euros aportados y criticó que «soliciten un fondo de 1,5 millones sin contactar con entidades, sin decir de donde sacamos esa cantidad y sin hablar con nadie». Mientras, desde el equipo de gobierno Ferrando reprochó al PP su postura «para sacar un titular que deje mal a la institución», a la vez que calificó de «ridículo» el debate.
No obstante, de forma paralela, se reiteraron durante el pleno reproches sobre si se habían comunicado a través de un grupo de Whatsapp de los portavoces políticos las convocatorias de diversos actos, entre ellos el de colgado de las pancartas contrarias a la guerra en Ucrania.
