La Unió de Llauradors ha conseguido que el Ministerio de Agricultura haya aprobado medidas que había solicitado dentro de las contenidas en el real decreto ley 4/2022, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, pero son "aún insuficientes porque siguen sin responder a lo extraordinario de la situación actual y eran inexcusablemente las que había que adoptar".
Tras un análisis del documento publicado en el BOE este pasado miércoles, considera que recoge medidas necesarias, muchas de ellas planteadas tanto por La Unió como por su organización en el ámbito estatal la Unión de Uniones, pero no resuelven la situación tan extraordinaria que se está viviendo.
Entre las medidas que se incluyen en este real decreto está el aplazamiento en el ingreso de cuotas a la Seguridad Social, reducción del rendimiento neto del IRPF en un 20%, exención del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica en determinados casos, una nueva línea de ayudas SAECA para operaciones de financiación, posibilidad de incrementar la dotación para el 43 Plan de Seguros Agrarios y aplicación de disposiciones de fuerza mayor en la PAC para que las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requerimientos, determinación de importes para aguas desaladas.
Situación excepcional
“Ni Planas, ni el resto del Ejecutivo, han entendido la excepcionalidad de la situación, en medio de una crisis inflacionista de los costes de producción que se arrastra desde el pasado año y agravada ahora por la invasión y guerra en Ucrania”, afirma La Unió. “La situación de las explotaciones profesionales, que viven fundamentalmente de la actividad agraria, es crítica y de poco valen solo rebajas fiscales que suponen únicamente un parche, por lo que se necesitan medidas de mayor calado”, señala.
La Unió hizo llegar, a través de su organización estatal Unión de Uniones, un amplio abanico de propuestas para paliar la grave crisis del sector, de ellas, el Ministerio sólo ha considerado algunas que no supondrán un golpe de efecto en esta crisis. Así, reclama contratar de forma anual la doble tarifa eléctrica para regadío, reivindicación de nuestra organización y que el Gobierno estableció como una posibilidad en la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria pero que sigue sin poner en marcha, o también la activación inmediata de un Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía para la financiación de líneas de apoyo y ayudas de mínimis o la aplicación del tipo impositivo más reducido del IVA para inputs agrarios que aún no lo tengan.
El Estado recauda más por impuestos
Respecto a esta última propuesta, desde La Unió se recalca su conveniencia dada la coyuntura actual de incremento desorbitado de todos los costes. Según estimaciones de la organización, el incremento de los precios de los costes de los tres principales inputs agrarios (fertilizantes, piensos y energía) habría incrementado en unos 470 millones de euros la recaudación por IVA del Estado en 2021 y lo que llevamos de 2022, respecto a 2020.
La Unió espera que el Gobierno haga real y efectivo el anuncio de una rebaja impositiva de la energía y que la haga extensiva a todos los bienes y servicios usados en la producción agraria, tal y como ha reclamado. Además, insiste en que, esta y otras medidas deben tomarse cuanto antes. “Si hay que tomar decisiones para que parte de los caudales ecológicos vayan a regadío o si se tiene que flexibilizar la PAC para producir en determinadas superficies, hay que hacerlo cuando se riega y cuando se siembra, no dentro de unos meses” concluye.
