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El Periódico Mediterráneo

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ACTUACIONES CONTRA LA CRISIS

La Generalitat agilizará los trámites en las minas de arcilla para la cerámica

El Consell incluye en el mismo decreto la aceleración de los planes de renovables

Las complicaciones burocráticas han hecho que apenas haya nuevas minas de arcilla en la provincia de Castellón.

El pleno del Consell aprobó ayer el decreto ley de medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra en la economía valenciana. Un conjunto de medidas que abarca apartados sociales, como el incremento de la renta valenciana de inclusión, o una aceleración de los trámites para desatascar los proyectos de plantas de generación de energías renovables, que en el caso de la provincia de Castellón ascienden a 52 solicitudes.

El documento también cuenta con un apartado dedicado al sector cerámico, concretamente a la reivindicación de mejorar la tramitación de los proyectos mineros en la Comunitat. Según explica la Administración autonómica, se agilizan los trámites en las explotaciones de arcillas industriales por el procedimiento de urgencia, siempre que el destino sea la industria del azulejo del territorio autonómico y durante un periodo máximo de dos años. El texto del decreto especifica que este supuesto se aplicará en el caso de solicitar prórrogas y modificaciones de proyectos de explotación.

En lo referente a los proyectos de renovables se eliminan trabas burocráticas para impulsar la instalación de plantas de energía renovables. Se prevé que, con esta nueva normativa, se pueda llegar a reducir el tiempo de tramitación en un año, «lo que supone un avance para contar con una mayor capacidad energética renovable en la Comunitat, de acuerdo con los objetivos medioambientales, de la Unión Europea para 2030», indicaron desde el Consell. 

Para ello se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de 10 hectáreas, incrementando la participación de los ayuntamientos, encargados de realizar los informes pertinentes. Además, se favorece la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública, mientras que las plantas de menos de 10 megavatios podrán acogerse a un procedimiento de declaración de urgencia.

Más personal

Para desatacar la maquinaria administrativa, el decreto establece una dotación de los recursos humanos y técnicos de los departamentos competentes en materia de energía, medio ambiente y ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Estas áreas formularán, en el plazo de tres meses, sus peticiones para un refuerzo con carácter temporal. 

Una interminable espera de 10 años para el visto bueno

Las asociaciones que agrupan a las industrias extractivas y de arcillas en la Comunitat han reiterado en los últimos tiempos su malestar por la duración de los trámites para obtener la autorización de nuevas minas. Un tiempo que cifran en una década, algo que atribuyen a la cantidad de administraciones implicadas y la falta de personal. El grupo Pamesa puso de manifiesto la diferencia de trato respecto a otras comunidades, ya que llevan casi nueve años de espera para un proyecto en El Puig, mientras que una autorización en la provincia de Teruel se ha resuelto en algo menos de dos años.

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