En un contexto en el que, al menos hasta ahora, la recaudación tributaria del Estado ha crecido de forma muy importante, tanto en Castellón (+22%), como en el conjunto de España (+15%), las asociaciones empresariales continúan reclamando rebajas fiscales que no llegan, más allá de la prórroga de la reducción de impuestos sobre el consumo eléctrico y los 20 céntimos de recorte por litro de las gasolinas o el gasóleo.
En este sentido se ha pronunciado el presidente de Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en la provincia, Luis Martí, al señalar que «siguen en pie todas las peticiones y recomendaciones» que se han hecho desde esta organización, así como desde la patronal CEOE.
En el caso de la CEV, se trasladó a la Generalitat la solicitud dirigida entre muchas otras al Gobierno de España, de posponer cualquier modificación tributaria que suponga alzas impositivas; en colaboración con UE, implantar una mayor reducción IVA sobre productos, en especial sobre los energéticos; y reducir –o suspender temporalmente- el resto de impuestos que gravan los productos energéticos, en especial el que pesa sobre los hidrocarburos.
Esta última petición coincide con una de las realizadas por la patronal azulejera Ascer, que representa a un sector castellonense motor de la economía provincial y especialmente afectado por la escalada de los precios de la energía de los costes de materias primas que se ha visto gravemente acentuada por el ataque de Rusia a Ucrania y la situación de guerra abierta durante más de un mes en esos territorios europeos.
En la última reunión de su comité ejecutivo, la CEV lamentó que el Ejecutivo estatal no haya atendido propuestas como retrasar toda modificación tributaria que suponga alzas, mayores reducciones del IVA o moratorias de derechos de CO2, incluidas en el documento que fue elevado a la Generalitat y en el que se recogía las necesidades de los diferentes sectores de la Comunitat.
Mejora en la gestión
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de Castellón, Jaime Querol, ha valorado que el Gobierno «no puede abaratar los impuestos porque tiene las manos atadas por sus socios, por cuestiones políticas, y esto perjudica a empresas y familias que podrían disponer de más recursos para afrontar el aumento de los precios y no es así».
Según Querol, la gestión del ejecutivo debería mejorar en el sentido de que «tendría que ser estricto en con sus ingresos y gastos, al igual que lo hacen las familias y los empresarios, pero no lo está haciendo en absoluto».
