Cuando aún no se había decidido la suerte de la III División Orgánica, una columna de milicianos y guardias civiles, al mando del coronel de Carabineros Hilario Fernández Bujanda, y del también diputado de Izquierda Republicana por Castellón Francisco Casas Sala, se pusieron en marcha el 25 de julio de 1936 hacia Teruel con la finalidad de recuperarla para la República.
Los militares de esta ciudad se habían sublevado pocos días antes con éxito. Formaban una minúscula guarnición militar, pero ayudados por la Guardia Civil, y por grupos de civiles armados, y la excesiva confianza de la autoridades republicanas, pudieron controlar y dominar Teruel.
Teruel era una ciudad y provincia con poca importancia militar, pero suponía un aldabón y un entrante hacia Castellón. Poco podían hacer los militares sublevados para amenazar Castellón y abrirse camino hacia València, que pasaba a ser capital de la República amén de centro neurálgico de comunicaciones, lo que llevó a convertir en estratégica la recuperación de Teruel. Se pensaba que la rendición sería cosa de días, pero ocurrió todo lo contrario.
Con el estudio del juicio sumarísimo que se les incoó nada más ser apresados por la Guardia Civil a los dos máximos dirigentes de la columna, hemos podido comprobar la total falta de garantías legales y la rapidez con que los militares sublevados quisieron terminar con la vida de estos dirigentes.
El 29 de julio por la noche se recibió en la Comandancia Militar de Teruel un telegrama del jefe de la V División Orgánica, en el que se instaba a la formación de juicio sumarísimo contra el Coronel de Carabineros, el exdiputado y marxistas detenidos
Los guardias civiles que formaban parte de la columna se sublevaron en Puebla de Valverde el 29 de julio. Inmediatamente detuvieron al coronel, y poco después al diputado. Hubo numerosos muertos entre los milicianos de la columna, y solo unos pocos heridos entre los miembros de la Guardia Civil. Acto seguido, los guardias, junto a los detenidos, un buen número de milicianos, algún militar republicano, el capitán Luis Sirera y los máximos dirigentes de la columna, marcharon hacia Teruel. El mismo 29 de julio por la noche se recibió en la Comandancia Militar de Teruel un telegrama del jefe de la V División Orgánica, en el que se instaba a la formación de juicio sumarísimo contra el Coronel de Carabineros, el exdiputado (sic) Casas Sala y marxistas detenidos…y decretando ejecución sentencia con simplificación tramite. Como les habían ordenado, todo debía ser rápido.
En la madrugada del 31 de julio se les tomó declaración. A la 01.15 declaraba el coronel Fernández Bujanda, natural de Logroño y de 56 años de edad. Poco después lo hacía el diputado por Castellón Francisco Casas Sala, natural de Manresa, de 39 años y abogado. Es curioso que las declaraciones de los dos prisioneros ocupan solo unos pocos párrafos en el sumario.
Los dos procesados propusieron nuevas diligencias, que se desestimaron por el presidente con el argumento de que ocasionarían dilaciones y retardo en el procedimiento
Unas horas después, se nombraba el Consejo de Guerra, en la que se produjo la gran anomalía legal: al coronel le hubieran debido juzgar oficiales generales, pero no habiendo en esta plaza personal de la categoría correspondiente, se forma el Consejo de Guerra con oficiales de menor graduación. El presidente sería el comandante militar de Teruel, el teniente coronel Mariano García. También componían el Consejo de Guerra diversos oficiales de menor graduación. De inmediato se les leyeron a los detenidos los cargos. El coronel alegó su creencia de no haber cometido delito. El diputado Casas Sala también alegaba incompetencia de jurisdicción. Los dos procesados propusieron nuevas diligencias, que se desestimaron por el presidente con el argumento de que ocasionarían dilaciones y retardo en el procedimiento.
Pocas horas después, a las 14 horas de ese mismo día, se celebraba el Consejo de Guerra para dictar sentencia. El coronel no quiso estar en la sala que los juzgaba. Casas Sala sí estuvo presente. El fiscal pedía la pena de muerte y una multa de un millón de pesetas para los dos. El abogado defensor, el teniente de Ingenieros Tomas Asensio, pedía la absolución de los dos procesados. En su alegato, a pesar del ambiente que reinaba propenso a su ejecución inmediata, propuso la instrucción de un nuevo sumario para aclarar los hechos y que de un modo tan rápido e impreciso se quería juzgar. Sus súplicas cayeron en saco roto.
Pena de muerte
Poco después, el Consejo de Guerra dictaba sentencia: «Fallamos que debemos condenar y condenamos a Don Hilario Fernández Bujanda y a Don Francisco Casas Sala a la pena de muerte, previa degradación del primero de los condenados …informando no proceder al indulto».
«Se les notificó inmediatamente su entrada en capilla, manifestándoles que podían pedir los auxilios que necesitaran». «Se informó de inmediato mediante telegrama a la Junta de Defensa Nacional, que mantuvo la sentencia del Consejo de Guerra, y en telegrama el 1 de agosto ordenaba: procédase inmediatamente a ejecutar sentencia…, para lo cual se ha nombrado el correspondiente piquete». Poco después el médico certificaba la defunción de los dos dirigentes que fueron enterrados en el cementerio de Teruel.
Terminaba de esta manera tan trágica el primer intento por parte de las autoridades republicanas de tomar Teruel. El fracaso supuso un duro golpe en la retaguardia valenciana. Muchos fueron los que culparon del fracaso a la Junta Delegada del Gobierno, por haber permitido que en la columna pudieran servir elementos de la Guardia Civil de dudosa fidelidad.
