Un servicio de telemedicamento a domicilio para aquellos usuarios que lo soliciten siempre y cuando sean residentes de municipios «en riesgo de despoblamiento», que estén así reconocidos por la Generalitat. Esta es una de las modificaciones que incluye el decreto ley ómnibus del Consell de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica, publicado el pasado viernes. Aunque la prioridad de este enorme paquete de medidas es la de impulsar las energías renovables, el Gobierno valenciano ha aprovechado la ocasión para introducir una serie de modificaciones en otros ámbitos, donde entra la prescripción de medicinas.
Dada la delicada situación que atraviesan las farmacias rurales de las zonas despobladas de la Comunitat, que se vio agravada por la pandemia, el Consell ha añadido dentro de la Ley 6/1998 de Ordenación Farmacéutica la posibilidad de, «con carácter excepcional», dispensar los medicamentos y productos sanitarios con entrega informada de los mismos en su domicilio a las personas usuarias que residan en municipios en riesgo de despoblación reconocidos como tales por la Generalitat.
Esta dispensación deberá estar garantizada con la intervención directa del farmacéutico de la oficina de farmacia que corresponda a la zona «para realizar el preceptivo y previo asesoramiento personalizado», según establece la normativa. De hecho, se aclara que será responsabilidad directa del farmacéutico dispensador tanto el transporte como la entrega del medicamento, «asegurando que no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad y seguridad».
Desde colegios de farmacéuticos ya se alertaba hace unos meses de que se requerían medidas para garantizar una atención sanitaria integral en núcleos poblacionales amenazados por el despoblamiento, ya que «el continuo descenso de los precios y márgenes de los medicamentos ha llevado a las farmacias rurales a una situación crítica de inviabilidad económica».
Cadena alimentaria
Otra novedad del decreto es la creación de la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios. Entidad pública que tiene como objetivo «la ejecución de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de la Comunitat, siguiendo las directrices de la política general del Consell».
Entre sus funciones está la de impulsar las relaciones entre el productor agrario, la industria de transformación y la distribución, «para fortalecer la cadena de valor alimentaria, con especial atención a la fase de producción».
Otras medidas para frenar el éxodo
Para detener el desplazamiento de habitantes del interior a zonas más pobladas se han establecido diferentes actuaciones. Una de las medidas estrella de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) es la puesta en marcha de los cajeros automáticos en aquellos municipios pequeños donde no hay sucursal bancaria. Los últimos datos disponibles indican que la entidad encargada de su despliegue, Caixabank, ya ha instalado en Castellón 26 terminales, de los que 12 ya están en funcionamiento.
Mediante este servicio se pretende reducir la exclusión financiera en localidades escasamente pobladas, que no cuentan con sucursal cercana ni posibilidad de sacar dinero en efectivo. De forma paralela, desde Avant se impulsan una serie de actividades para que los habitantes de estos municipios sepan utilizar los cajeros.
Otra actividad es el plan Reviu, lanzado el pasado año, en el que los consistorios adheridos a la campaña de Avant y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias establecieron proyectos para repoblar servicios, como bares, hornos o la gestión de viviendas rurales. Una de las principales premisas que pusieron los pueblos fue la de atraer a familias con niños, de manera que pudiera mantenerse la escuela local. Fueron 15 los proyectos lanzados desde Castellón, que atrajeron a cientos de personas. Los perfiles más demandados eran pequeños emprendedores que pudieran mantener servicios para los habitantes.
