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El Periódico Mediterráneo

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EDUCACIÓN

El nuevo decreto de convivencia plantea 15 días de expulsión y dejar sin extraescolares a alumnos acosadores

El decreto impulsa la mediación y las tutorías entre iguales para la resolución de conflictos

BARCELONA 1/6/2000 MAS DOMINGO REPORTAJE DESMOTIVACION EN LAS AULAS EN LA FOTO EL INSTITUTO JOAN FUSTER ESO Y BACHILLERATO NEG 211792 FOTO DE ELISENDA PONS Mediterraneo

El nuevo decreto de igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano contempla la suspensión del derecho a la asistencia a clase durante 15 días, así como la privación de actividades extraescolares durante idéntico periodo para los alumnos que desarrollen conductas que perjudican gravemente la convivencia, como puede ser el acoso escolar. Así se contempla en el borrador, que fue abordado este jueves en mesa sectorial y que también incluye la mediación y las tutorías entre iguales para gestionar la convivencia. La semana que viene se abordará con los centros concertados y las familias.

Novedades

La directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, señaló que el decreto se estructura en 3 grandes bloques. El primero quiere transmitir los valores y principios del modelo de convivencia, sobre todo focalizado en la prevención y en la participación de toda la comunidad educativa a la hora de tomar decisiones. Un modelo mucho más actualizado a todas las leyes que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años, que habla de coeducación, nuevas masculinidades, importancia de la formación con las familias... "Principios que nos gustaría que rigieran los principios educativos de los centros y a partir de ahí con toda su autonomía pudieran desarrollar las prácticas que a nivel comunitario y de forma dialógica pudieran elegir, sea la mediación, aprendizaje servicio, modelo de prevención de conflicto, sobre los que existe evidencia científica de que previenen la violencia", añade.

Expulsión

En casos de alteraciones de la convivencia, se intenta que la suspensión de clases sea una medida muy extraordinaria. "Ponemos a disposición del alumnado todas las medidas disponibles y si se tiene que llegar a ello que sea acompañado y de forma educativa para, en caso de tener que suspender su asistencia al centro que siempre vayan acompañado de actividades y supervisión del profesorado", señala. "Una no asistencia siempre acompañada con tareas que se puedan hacer en casa o coordinadas por los ayuntamientos o si hay algún aprendizaje servicio desde el centro educativo", indicó, apelando que se busquen alternativas al mero hecho de la expulsión porque a veces es una recompensa para el alumno y lo que generamos es más absentismo y desvinculación. El decreto pone en marcha el observatorio de la convivencia, con expertos y participativo, para encaminar las políticas a mejorar la igualdad y convivencia.

Conductas gravemente perjudiciales

En concreto, el documento identifica las conductas que son gravemente perjudiciales para la convivencia. Entre ellas están el acoso a cualquier miembro de la comunidad educativa,  la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos de odio, o los que atentan gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen. También se contemplan la discriminación, vejaciones o las humillaciones, sean por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, orientación sexual, diversidad funcional, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También se incluye aquí la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o apoyo, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio hacia los miembros de la comunidad educativa. También se penaliza la suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos o el uso, la  introducción en el centro o el comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.

Sanciones

Estas conductas pueden sancionarse con la suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, en el centro, por un máximo de quince días lectivos. No obstante, durante este tiempo, el alumno o alumna tendrá que realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso educativo y evaluativo. A tal fin se diseñará un plan de trabajo, con seguimiento por parte del profesorado.

También se contempla la privación del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares del centro durante un máximo de 15 días. También se contempla la privación por idéntico periodo del derecho a usar el transporte escolar o el comedor, en caso de que la conducta haya sido desarrollada en estos entornos.

Otras sanciones posibles son la realización de tareas en beneficio de la comunidad educativa fuera de horario lectivo o de cambio de grupo. En los casos en los que concurra alarma a la comunidad educativa, se contemplaría un cambio de centro.

No obstante, a estas actuaciones solo se llegará cuando se hayan agotado todas las vías previas.

Convivencia

El decreto, que afectará tanto a centros públicos como concertados, contempla el modelo de aprendizaje servicio, en el que los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Además, contempla la realización de tutorías entre iguales para mejorar la convivencia y la mediación, en la cual el alumnado participante adquiere protagonismo y aprende una serie de habilidades que le permite resolver sus problemas a través del diálogo.

Nuevas masculinidades y diversidad de género

El nuevo decreto insta a la prevención de la violencia de género y de las violencias machistas a través de la coeducación; el impulso de masculinidades igualitarias, críticas con las actitudes y comportamientos propios de las masculinidades hegemónicas y el respecto de la diversidad de identidades de género, de expresiones de género y de orientaciones sexuales.

Sindicatos

Desde el sindicato STEPV han demandado dotar los centros de los espacios, los recursos y el personal necesario para poder aplicar las medidas contempladas. También pidieron que el profesorado tenga una consideración diferenciada, como autoridad. Y que se excluyan las referencias a la educación en morales y creencias religiosas.

Desde ANPE  coincidieron en demandar el reconocimiento expreso de la autoridad del profesorado. Asimismo, entre otras sugerencias señalaron que  se establezcan protocolos de actuación ante agresiones al personal docente, un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos y el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes.

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