La provincia de Castellón lleva años sin abrir una nueva residencia de titularidad y gestión 100% pública, es decir, que dependa directamente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a pesar del déficit acuciante de plazas para atender a la gente mayor. Una circunstancia que sí están aprovechando los grandes grupos nacionales del sector para construir nuevos geriátricos, mientras la Administración presenta planes que no acaban de materializarse en tiempo y forma.
«La Conselleria lleva legislatura y media, es decir, siete años anunciando nuevas residencias públicas, pero solo hacen que vender la moto porque no se ha abierto ni una», denuncia Anas Borrás de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Castellón.
Tipos de residencias
Y es que la radiografía del sector en la provincia deja rápidamente entrever el vacío público en el que se considera el cuarto pilar del estado del bienestar. En Castellón, hay cerca de 40 residencias con unas 3.300 plazas, de estas tan solo hay dos 100% públicas. Se trata de la de Lledó en Castelló, que cuenta con 40 puestos tras su ampliación, y la de la calle Albert Einsten de Burriana, con capacidad para 225 usuarios. Después está el modelo de residencia de titularidad y gestión municipal, como en Almassora y Villahermosa.
De igual modo, está también el modelo de residencia de titularidad pública pero que administra una empresa privada como, por ejemplo, la de Virgen de Gracia de Vila-real o el Pinar de Castelló. Por último, se situarían las que son privadas en su totalidad. Estos dos últimos modelos tienen plazas concertadas, es decir, que financia la Administración a personas con pocos recursos o con el grado 2 y 3 de dependencia reconocido.
Nueva licitación
Justo hace unos días la Conselleria publicó la licitación de 886 plazas en residencias de Castellón, aunque la mayoría no son de nueva creación y forma parte del concurso que caducó el pasado mes de agosto y que ahora ha sido renovado. Una de las principales novedades del proceso, como informó Mediterráneo, es el aumento del precio de la plaza que pasa de unos 60 a 71 euros al día.
La pandemia en las residencias
Y es que, tras las deficiencias puestas de manifiesto durante la pandemia en la que han fallecido cerca de 250 usuarios en la provincia de Castellón, el departamento de Oltra busca mejorar la calidad asistencial que ofrecen los centros.
En este sentido, el portavoz en Castellón de la Coordinadora de Familiars i Usuaris de Residències de la Comunitat (RecoVa), Manuel García, insistió en la urgencia de disponer de plazas que dependan totalmente de la Conselleria, «ya que la concertación no es la solución al problema». Además, lamentó que las tramitaciones de estos proyectos sean tan largas, lo que impide atender la demanda existen en la actualidad.
2.000 euros al mes por plaza
Actualmente, en la provincia, la plaza residencial, sin contar con ningún tipo de prestación, oscila entre los 1.800 y los 2.000 euros al mes. Unas cantidades que ponen en evidencia que hay un nicho de mercado por explotar. De ahí que grupos empresariales potentes en el sector hayan puesto su mirada en la capital de la Plana. Clece prevé abrir dentro de pocos meses una residencia en la avenida Barcelona, cerca del parque Ribalta, con 104 plazas.
Por su parte, Ballesol está edificando un centro con capacidad para 121 usuarios en la calle La Mata de Morella, cerca del Hospital Provincial, que estará operativo en el segundo trimestre del 2023. A estos se suma la infraestructura, con 150 camas, que Orpea abrió en julio en el PAI Lledó.
Se trata de tres centros que le han ganado la partida a la prometida residencia en la calle Onda que la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, lleva años prometiendo sin que las obras hayan empezado.
La patronal del sector
Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) insisten en la necesaria colaboración público-privada para dotar al sistema de atención a los mayores de un mayor número de centros, especialmente, teniendo en cuenta las necesidades en el interior donde la rentabilidad está más condicionada. «El Pla Convivint presentando por el Consell nos parece bien, pero creemos que es insuficiente porque solo cubre una parte de la demanda», explicó el presidente de Aerte, José María Toro.
