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El Periódico Mediterráneo

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EN APLICACIÓN DE UNA NUEVA NORMA ESTATAL

Indignación en el campo de Castellón por la ley que prohíbe quemar la leña de los restos de poda

Movilización de las entidades para que recule el Ministerio de Transición Ecológica

Imagen de archivo de una quema de restos de poda en un campo de Benicàssim, algo que ahora es ilegal. Gabriel Utiel

Despropósito, barbaridad, indignante o destarifo. Son solo algunas de las palabras (y de las más suaves) empleadas por el sector agrario de Castellón y la Comunitat Valenciana para definir la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada el 8 de abril. Una regulación que impide la continuidad de una costumbre muy extendida, como es la quema de los restos de poda. Ya no se pueden pedir permisos, e incluso los concedidos en las últimas semanas han quedado anulados.

El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, destaca en primer lugar la confusión del texto legal. «Da a entender la posibilidad de quemar o no con dos artículos bien diferentes, en uno la prohíbe y en otro la exime», por lo que pide más concreción. Además, pide diálogo con el sector: «En lugar de empezar la casa por el tejado primero se deberían plantear alternativas viables con financiación suficiente para llevarlas a cabo, establecer periodos transitorios o dar permisos en aquellos municipios con planes de quema aprobados».

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, opina que es «indignante que se haya aprobado una ley hecha por gente que no conoce la realidad del campo, como la necesidad de hacer quemas para regenerar los terrenos». La medida del Ministerio de Transición Ecológica, «se ha hecho sin dar conocimiento a Agricultura». Desde AVA se han dirigido a diferentes instancias para una marcha atrás.

Otros colectivos se han movilizado. Víctor Viciedo, desde la Associació de Llauradors Independents de Vila-real, indica que la norma «es un destarifo, y por eso van a presentar un escrito a la ministra Teresa Ribera «por prohibir estas quemas y por considerarlo una falta muy grave, con multas de 100.000 euros». Además, no entiende el beneficio medioambiental de la medida, «porque transportar las ramas a un lugar autorizado genera más emisiones a la atmósfera que la propia quema, y cuesta dinero». 

Pepe Montagut, de Llauradors de Nules, considera que la ley «es una barbaridad y es un nuevo ataque contra los minifundistas», que carecen de menos recursos para optar por alternativas como triturar la leña. «Estamos muy enfadados», concluye.

Otras protestas

El gobierno municipal de Castelló se ha sumado al «malestar general, ya que la normativa se ha aprobado sin tiempo de reacción y sin contemplar medidas que compensen al sector primario y que le acompañen en su transformación», mientras que el senador de Compromís, Carles Mulet, cree que los más afectados «son los pequeños propietarios». La ministra, en respuesta a Mulet, señaló que solo se dejaría la quema si hay problemas como plagas, algo que el senador ve «claramente insuficiente». 

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