El campo vuelve a arder. Tras una amarga campaña citrícola y unos costes de producción que obligan a buena parte de los agricultores de Castellón a trabajar a pérdidas, el sector se enfrenta ahora a un enemigo inesperado: la prohibición de quemar residuos agrarios y forestales, dado que la reciente ley 7/2022 de 8 de abril del Ministerio de Transición Ecológica equipara los restos de ramas de podas a otro tipo de residuos. Una normativa que ha causado indignación en el sector agrario, que ya estudia acciones conjuntas para protestar contra una decisión que consideran un sinsentido.
César Estanyol, concejal de Agricultura de Nules y portavoz de la plataforma Per la Dignitat del Llaurador, un colectivo que aglutina a 15 ayuntamientos de la provincia, organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades de regantes, explica que en los próximos días van a consensuar medidas conjuntas para visibilizar las consecuencias que tendrá esa prohibición en el sector y realizar protestas. «El Ministerio ha sacado una ley sin consultar al agricultor y este queda en una posición de total indefensión», critica.
Los llauradors están dispuestos a levantar la voz si el Ministerio no recula y la normativa ya empieza a tener consecuencias a pie de campo. Los ayuntamientos, la administración encargada de conceder los permisos de quema (ocho de cada diez municipios tiene planes de quema) ya no dan autorizaciones y eso está obligando a muchos agricultores a saltarse la ley y quemar los rastrojos aún a sabiendas de que puede ser sancionados o aplazar la poda por no saber qué hacer con las ramas. «Necesitamos una solución y la necesitamos ya. Estamos en pleno proceso de poda, la ley es contradictoria y no disponemos de alternativas. ¿Si no podemos quemar rastrojos, qué hacemos con ellos? ¿Los llevamos al ecoparque?», se pregunta Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors.
Los agricultores están que trinan, la ministra Teresa Ribera manifestó el martes en el Senado que no va a dar marcha atrás y la Conselleria de Agricultura, que dirige Mireia Mollà ya ha tomado cartas en el asunto. Pese a que comparte la necesidad de darle una nueva vida a los residuos de poda, ya ha pedido al Ministerio que clarifique lo que dicta la normativa y de tiempo al sector para que se adapte.
Mociones en los plenos para exigir al Gobierno que de marcha atrás
La nueva ley que prohíbe quemar restos de poda ya ha provocado una reacción en cascada por parte de un gran número de ayuntamientos de la provincia, que han pedido al Gobierno, o lo van a hacer en los próximos días, que se vuelva a la situación previa a la aprobación de la norma. En Onda, por ejemplo, todos los grupos políticos suscribieron en el pleno de ayer una declaración institucional en la que se instó al ministerio a rectificar.
Por su parte, el Ayuntamiento de Morella ha reclamado al ministerio cambios en la regulación de la quema de residuos forestales y, en Moncofa, Compromís presentará una propuesta en el próximo pleno para reclamar medidas transitorias ante el veto a las quemas.
