Los agricultores de Castellón amenazan con pasar de las palabras a la acción. La ley 7/2022 del 8 de abril del Ministerio de Transición Ecológica, que equipara los restos de ramas de poda a otro tipo de residuos y prohíbe su quema, ha encendido todavía más los ánimos de un colectivo que hace meses que se siente asfixiado por unos altísimos costes de producción y unos precios de miseria. «Si el Gobierno no da una solución con carácter inmediato nos va a forzar a incumplir la normativa», asegura Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors. Es más, Peris avisa que instarán «a la desobediencia» porque el sector solo dispone de lo que queda de mes para deshacerse de los restos de poda.
Los agricultores avisan de que no van a tener más remedio que saltarse la normativa ante la falta de alternativas y cargan las tintas contra el Gobierno y la Conselleria de Agricultura. Al Ministerio que dirige Teresa Ribera le acusa de legislar desde un despacho, sin conocer la realidad agraria, y al departamento de Mireia Mollà de no haber sabido «frenar a tiempo este desaguisado y, por tanto, no defender convenientemente los intereses de los agricultores valencianos», explican desde la Unió de Llauradors, que insta a la consellera a «destituir a los responsables que no alegaron contra la ley».
El tiempo apremia
El clamor de los llauradors es unánime y la conselleria está trabajando in extremis en una resolución que incluiría una moratoria de tres años a la ley para todos aquellos municipios que dispongan de plan de quema (el 80% en Castellón). Los ayuntamientos de las localidades sin plan de quema podrán pedir, asimismo, acogerse al aplazamiento. La resolución, según ha podido saber este rotativo, podría publicarse esta misma mañana.
Aunque la normativa es confusa (en un artículo veta las quemas de restos de podas agrícolas y, en otro, las exime de tal prohibición), la realidad es que la mayoría de los ayuntamientos, que son los que otorgan los permisos a los agricultores, han decidido suspender las autorizaciones. El problema es que el tiempo apremia, ya que como todos los años desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no es posible quemar atendiendo a la ley autonómica en prevención de incendios. «Estamos en plena temporada de poda, quedan pocos días para deshacerse de los restos, la ley dice que en un artículo que prohíbe la quema y en otro no... y la situación del agricultor es de total indefensión», añade Peris, que aboga por establecer un periodo de transición y adaptación de unos cinco años, mediante el cual se realice un «debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo.
Un agricultor quema restos de poda en un espacio habilitado en su finca, una práctica ahora prohibida.
El PSPV rechaza la ley, el PP recoge firmas y Compromís insta a revisarla
Los agricultores de Castellón aseguran que se encuentran en una situación de indefensión y, además, cuentan con el respaldo unánime de los partidos políticos. El PSPV de Castellón, formación a la que pertenece la ministra que ha impulsado la ley, ya ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para revisar la controvertida normativa. « Estoy en desacuerdo con la medida», asegura Samuel Falomir, secretario general del PSPV en la provincia, que reclama una modificación de la ley para volver a la situación previa a su aprobación respecto de la crema de subproductos vegetales.
El PP de Castellón también está tomando cartas en el asunto y ha iniciado en La Salzadella una campaña de recogida de firmas para exigir al Consell una solución la ley. «El problema no existía y lo ha creado el PSOE con una normativa que no ha tenido en cuenta a un sector que lleva acumulados años de crisis, plagas e inclemencias climatológicas y al que los socialistas parecen querer dar la puntilla con esta prohibición», denuncia la portavoz adjunta del PPCS en la Diputación, Mª Ángeles Pallarés.
Por su parte, el diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Agricultura de Les Corts, Josep Nadal, ha presentado una propuesta para que el Consell inste al Gobierno a revisar la prohibición de las quemas agrícolas. «La ley ha cambiado la naturaleza jurídica de los restos agrícolas y forestales puesto que ahora se consideran, a efectos legales, como residuos. Esto ha provocado un desconcierto en el sector y lo que tendría que hacer el Ministerio de Transición Ecológica es clarificar qué entiende por residuo agrícola en aquello que afecta a las quemas agrícolas», explica el diputado.
Los partidos políticos claman por la revisión de la ley y ayuntamientos como los de Onda, Morella, Nules o Alcalá también piden establecer una moratoria.
