Las quemas agrícolas vuelven a estar permitidas. La rebelión de los agricultores de Castellón, unida a la presión ejercida por los ayuntamientos y partidos políticos de todos los colores contra la ley 7/ 2022 del 8 de abril del Ministerio de Transición Ecológica que equipara los restos de poda a otro tipo de residuos y, por tanto, prohíbe su quema ha forzado a la Conselleria de Agricultura a buscar una fórmula para que los llauradors puedan seguir haciendo fuego en sus fincas. Y la fórmula ha sido una resolución mediante la que el departamento que dirige Mireia Mollà establece un periodo transitorio de tres años para aquellos municipios con planes de quema, ocho de cada diez en la provincia.
Así, y tal y como avanzó Mediterráneo, se permiten las quemas agrícolas en la Comunitat Valenciana como hasta la fecha, dejando sin efecto en materia de gestión de los restos agrícolas la polémica ley del Gobierno. Para poder volver a autorizar las quemas, la conselleria se ha acogido a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la ley, que reconoce a los ayuntamientos la potestad de establecer un periodo transitorio de tres años si el municipio dispone de planes de quema. Además, Agricultura autorizará quemas individuales para evitar la propagación de plagas e incendios, medidas que también serán de aplicación en aquellas localidades sin planes de quema. En ese caso, será necesaria una declaración responsable del titular de la explotación que tendrá que presentar al ayuntamiento.
Diecisiete días para quemar
Los agricultores de Castellón pueden volver a quemar restos de poda y, además, solo disponen de diecisiete días. Como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios. «Queda poco tiempo, hay muchas ramas en el suelo y es urgente que los ayuntamientos que habían retirado las autorizaciones para acatar la ley estatal las reactiven», dice Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, quien insiste en que el sector ha ganado la batalla pero no la guerra. «Hay que ponerse a trabajar para que desaparezca el artículo 27.3, que considera los restos de poda agrícola como un residuo».
José Llop, vicepresidente de la Associació de Llauradors Independents de Vila-real (ALIV), asegura que la fórmula decretada por la conselleria es «una solución provisional a un problema causado por los políticos» y exige «soluciones, no chapuza sobre chapuza». Y reivindica que los restos agrarios sean incluidos dentro del artículo 3.2 a los que no es de aplicación la ley, así como la eliminación del artículo 27.3 o la proporcionalidad de las sanciones contempladas en la normativa estatal. «¿Una instrucción de un director general autonómico corrige una ley nacional?», se pregunta Llop.
Por su parte, Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, se congratula de que «la conselleria haya escuchado y entendido la indignación del sector ante este nuevo ataque frontal del Gobierno» y también resalta la necesidad de derogar el artículo 27.3.
