Mientras en EEUU el debate está ahora puesto en el posible retroceso en el derecho de las mujeres a abortar, aquí en España el Ministerio de Igualdad planea ir un paso más allá y llevar el próximo martes la reforma de la ley del aborto al Consejo de Ministros para su aprobación. Un documento en el que destacan medidas como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las menores de 16 y 17 años de forma «autónoma» sin el permiso paterno, que ahora se requiere, o la creación de un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada de la Ley de Eutanasia. Y es que uno de los objetivos de la normativa pasa por garantizar que los centros públicos puedan practicar abortos.
Según los últimos datos del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) de la Conselleria de Sanitat, de los 7.432 abortos que se practicaron, en el 2020, en la Comunitat el 91,5% fueron en centros privados. De todos modos, la mayoría de ellos fueron mediante concierto, es decir, lo sufraga la sanidad pública. En concreto, siete de cada diez fueron financiados por Sanitat.
En la provincia de Castellón, la cifra más actualizada recoge que se produjeron 757 abortos en un año, un registro muy similar a ejercicios anteriores, aunque algo menor a hace una década, según el informe anual que realiza el Ministerio de Sanidad.
Descenso
«Hemos notado que las interrupciones han bajado un poco en Castellón gracias, en parte, al trabajo sobre la concienciación en el uso de anticonceptivos que se realiza», explicó Teresa Bernat, gerente de una de las dos únicas clínicas abortivas que hay en la provincia. «La mayoría de las interrupciones las realizamos las clínicas privadas, ya que la sanidad pública deriva aquí a las pacientes mediante el concierto», indicó Bernat, al tiempo en que insistió en que, sin duda, el hecho de abortar es «muy desagradable para cualquier mujer, digan lo que digan. No es planto de buen gusto».
Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) han criticado que no se han desarrollado «las bases para que la sanidad pública asuma directamente la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo». Además, lamentan que la ley actual ya contempla en su articulado que se primen los centros públicos frente a los centros concertados.
«Sin embargo, dicha disposición no se ha cumplido, entre otras razones porque la sanidad pública no ha hecho un trabajo previo que asegure el relevo: no se han creado unidades multidisciplinares integradas por profesionales comprometidos con la situación de la mujer, ni formados en todos los métodos, capaces de garantizar la seguridad sanitaria, la libertad de elección, la intimidad y el acompañamiento», detallan.
Los datos demuestran que son pocas las menores que toman esta decisión en las comarcas castellonenses si se compara con el total. De las 757 mujeres que s sometieron a esta práctica, 28 de ellas tenían menos de 18 años y 19 de ellas tenían 16 y 17 años, edades en las que la nueva ley permitirá abortar sin permiso de los padres.
Unidades de salud sexual y reproductiva
En todo este proceso juegan un papel esencial las unidades de salud sexual y reproductiva que hay en centros de salud de algunas localidades. Así lo explican desde este servicio en Rafalafena de Castelló, responsable de hacer la recepción, acogida de las mujeres o parejas que acuden a este servicio pidiendo información. «Las mujeres son atendidas y asesoradas por los diferentes profesionales que trabajan aquí. Además, nos encargamos de preparar toda la documentación necesaria para tramitar, mediante conciertos, las derivaciones, una vez autorizadas, a las clínicas privadas debidamente acreditadas para que practiquen con toda la seguridad la interrupción del embarazado ya sea mediante procedimiento quirúrgico o farmacológico en función de las semanas de gestación», explicó la trabajadora social de esta unidad, Belén Castelló.
Tras la interrupción, todas las pacientes son citadas de nuevo en la unidad para hacer un seguimiento del proceso y se les da cita para instaurar un método anticonceptivo cara a evitar nuevos abortos. Y es que casi la mitad de mujeres que se someten a esta practican aseguran que no utilizan ningún método.
Castelló reconoció que, a pesar de que se trata de una prestación reconocida en la ley orgánica que data del 2010, y, por tato, forma parte de la cartera de servicios de la sanidad pública, «todavía es una práctica que muchos hospitales públicos no asumen».
