La pandemia ha dejado en Castellón una factura económica difícil de calcular. Y una de las más importantes es la laboral. La avalancha de bajas, sobre todo durante la recta final del 2021 y los primeros meses de este año, ha supuesto un duro golpe para las empresas, pero también para Administración y los trabajadores. Y más allá de que muchos empresarios han tenido que hacer malabares para continuar con la producción en momentos en los que tenían a buena parte de la plantilla de baja, el absentismo ha tenido un coste económico importante que han asumido entre empresas, asalariados y Estado. Una factura que en la provincia supera los 48 millones.
Entre 2020 y 2021 los permisos por incapacidad laboral vinculados al coronavirus alcanzaron lo 61.216 en Castellón. Y el coste medio, y según un estudio que acaba de publicar el Observatorio de Gestión Pública liderado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, asciende a 794 euros. El cálculo realizado, se explica en el informe es «de mínimos», por lo que es más que probable que la factura final supere esos 48,6 millones de euros.
Durante el primer año de la pandemia, y según datos de la Seguridad Social, se contabilizaron en la provincia 27.340 bajas que tuvieron una duración media de 15,70 días. Unos procesos que el Gobierno central equiparó con los accidentes laborales para que la merma de salario de los afectados y los costes para las compañías fueran menores. En 2021 las bajas por covid fueron incluso más elevadas y alcanzaron las 33.867.
El informe del Observatorio de Gestión Pública no incluye las bajas de ese año, que durante los primeros meses fueron también numerosas. De hecho, en enero y febrero se superaron en Castellón las 29.800 bajas por covid-19 y todo por la facilidad para el contagio de la variante ómicron.
El Estado asume el grueso del coste
Las cifras son contundentes y, para dar una idea del alcance de la epidemia, hay que tener en cuenta que las más de 91.000 bajas tramitadas desde marzo del 2020 a febrero del 2022 equivalen a casi el 40% del total de afiliados.
Y, ¿quién asume la factura de las bajas? Una cuarta parte del importe correspondería a las empresas, por el pago del primer día en que el trabajador comunica la baja, y las cotizaciones a la Seguridad Social que sigue abonando el empleador. Otro porcentaje similar es la pérdida de ingresos que sufre el trabajador durante el tiempo de baja, mientras que el grueso lo asume la administración en forma de prestaciones.
Dos sanitarios realizan pruebas PCR a un paciente en un centro de salud, en una imagen del pasado invierno.
