Suscríbete

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

falta de sanitarios

La sanidad pública de Castellón debe reforzarse para asumir los abortos

La nueva legislación obliga al sistema público a dejar de derivar esta práctica a la privada

De las 757 mujeres de Castellón que s sometieron a esta práctica en el 2020, 28 de ellas tenían menos de 18 años y 19 de ellas tenían 16 y 17 años, edades en las que la nueva ley permite ahora abortar sin permiso de los padres. Juan Ignacio Roncoroni

Los hospitales públicos de Castellón «no están preparados» para asumir los cerca de 700 abortos al año que se derivan, mediante la concertación, a las dos clínicas privadas de la provincia situadas en Castelló. Como ya informó Mediterráneo, solo una de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en la sanidad pública.

La nueva legislación sobre esta materia, además de rebajar a los 16 años la edad mínima para abortar sin necesidad del consentimiento paterno, recoge que la sanidad pública será «la red de referencia» y los hospitales donde se realicen deben estar lo más cercano posible del domicilio de la paciente

De todos modos, la reforma legislativa hace hincapié en la urgencia de cumplir una prestación que ya estaba recogida en la ley del 2010, en la que se reconocía que cualquier mujer puede abortar dentro de las 14 semanas de gestación de forma gratuita. Por tanto, se incluía en la cartera de servicios.

El principal problema radica en la falta de personal para llevar a cabo esta práctica en la sanidad pública. «La atención está sobresaturada, con las plantillas actuales no se puede asumir esto a no ser que se resten efectivos de otras atenciones que se realizan desde Ginecología», explicó el portavoz del sindicato médico CESM-CV, Víctor Pedrera.

El aborto en Castellón en cifras. Mediterráneo

De este modo, se pone de manifiesto, de nuevo, los problemas asistenciales que acarrea la falta de personal en las plantillas. Desde el Colegio de Médicos de Castellón consideran que se debe de «dar una salida al problema, que es una tendencia social, y esa solución debe proponerla o darla la Administración pública».

Solo un objetor

De igual modo, en la reforma de la ley impulsada por la cartera de la ministra Irene Montero, se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. Según datos de la Conselleria de Sanitat, un total de 73 ginecólogos de los 457 de la Comunitat ha rechazado realizar esta intervención. De estos, solo figura uno de la provincia de Castellón, en concreto, en el departamento de salud de la Plana.

Por tanto, en el General de Castelló y en el Comarcal de Vinaròs no hay ningún profesional que haya mostrado su negativa a practicar abortos, como recogió este periódico durante el pasado fin de semana, de acuerdo a los datos facilitados por Sanitat a la diputada castellonense de Compromís Mònica Àlvaro en una respuesta parlamentaria.

El Colegio de Médicos de Castellón tiene abierto desde hace años un registro que acoge a los colegiados que hacen uso de su derecho de objeción de conciencia para no practicar el aborto en la sanidad pública. «Por un tema de confidencialidad» desde la entidad declinaron informar sobre el número de profesionales inscritos.

Atención pública

La Conselleria de Sanitat defiende que garantiza a cualquier mujer que acude a las unidades de salud sexual y reproductiva este derecho, así como el seguimiento durante todo el proceso, aunque la práctica se derive a la privada. Además, en el caso de Castellón, una mujer no puede elegir a cual de los dos centros que hay poder acudir, ya que va al que es derivada directamente.

Desde el departamento de Miguel Mínguez afirman que están ahora trabajando en un plan para analizar cómo asumir dichas competencias, tras la aprobación de la nueva normativa.

Sin unidad sexual

El sindicato CSIF ha denunciado que, debido a la falta de personal, el centro de salud Gran Vía de Castelló se ha visto obligado a suspender sine die la unidad de salud sexual y reproductiva. Un área que corría a cargo de una doctora, que está de bajo desde marzo, y una enfermera y que tenía asignadas a un total de 26.266 mujeres en edad fértil procedentes tanto del propio Gran Vía como de los centros de salud de Palleter, Pintor Sorolla, 9 d’Octubre, Constitución y Barranquet en Castelló, así como a las de los consultorios de les Coves de Vinromà, Orpesa y Llucena.

Compartir el artículo

stats