El impulso a las energías renovables es una de las prioridades de la Generalitat para los próximos meses. El Consell razona que en estos momentos hay una oportunidad para conseguir electricidad limpia, generada en el propio territorio, que aproveche los incentivos marcados desde los planes de ayudas europeos. Pero no toda la sociedad opina lo mismo, ya que hay quien pone en duda el despliegue de plantas eólicas y fotovoltaicas al considerar que supondrá una agresión al territorio. Ante estas posturas, hay ayuntamientos de Castellón que desde hace tiempo han optado por evitar el conflicto mediante la aplicación de moratorias urbanísticas. Un veto al que ahora la Generalitat le pone freno.
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Marcos Lacruz, incide en que el decreto del Consell, ratificado la pasada semana en Les Corts, «pone orden a las iniciativas de ayuntamientos para paralizar licencias de obras». Añade que la administración local «es evidente que tiene algo que decir ante estos planeamientos, pero puede haber abusos».
En estos momentos hay casi una decena de municipios cuyos plenos aprobaron moratorias. La Vall y Xilxes fueron de los primeros, el pasado otoño, ante una macroplanta solar de tres millones de metros cuadrados para generar 165 megavatios, que también abarca el término de Moncofa. Vall d’Alba, uno de los puntos que más proyectos recibe, aprobó la suspensión para un plazo de dos años, mientras que actuaciones similares se han dado en Benlloc, les Useres, Viver, Betxí o Vilafamés. En todos los casos, el argumento empleado tiene que ver con la necesidad de proteger el territorio, o ante el riesgo de que las placas fotovoltaicas arrasen con terrenos de especial valor ecológico y medioambiental.
Dentro de este clima se explica la medida de Vilar de Canes, donde se celebrará una consulta popular autorizada por el Gobierno, en la que los vecinos podrán opinar sobre un proyecto eólico presentado recientemente.
Justificación
Para dar orden a estos vetos, el decreto de la Generalitat pone reglas. La primera, que las suspensiones se limitarán a terrenos «de alta capacidad agrológica», según el mapa del Institut Cartogràfic Valencià, o bien en zonas que los consistorios justifiquen de manera debida.
Para todos aquellos ayuntamientos con moratorias, el texto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), establece «un plazo de seis meses desde la entrada en vigor --el 22 de abril-- para determinar y justificar mediante informe técnico el cumplimiento de los valores agrológicos protegibles y paisajísticos». Por otro lado, no todos los proyectos de renovables son de competencia autonómica. Los de más de 50 megavatios, como el de la Vall o Xilxes, son competencia del Gobierno. Tampoco afecta a las instalaciones de autoconsumo.
