En el año 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona. Para poner freno a esta problemática, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley, que prevé que entre en vigor el próximo año, contra el desperdicio alimentario, desde la cosecha hasta el hogar, y que contempla multas de hasta 500.000 euros.
La normativa, entre otros aspectos, obliga a los restaurantes a facilitar que el cliente se lleve la comida sobrante a casa sin coste adicional alguno.
Se trata de, una circunstancia que, según la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) ya se realiza de forma generalizada en los establecimientos de la provincia, tanto con la comida como con la bebida.
El vicepresidente de la entidad, Luis Martí, señaló que el objetivo de la ley es «bueno», pero plantea diversas interrogantes en su aplicación como si el hostelero tendrá ahora que hacer de «policía» o asumir algún sobrecoste.
El secretario general de la Unión de Consumidores en Castellón (UCE), Juan Carlos Insa, consideró que debido a «los problemas de escasez y distribución es necesario profundizar todavía más en estas buenas prácticas».
Donaciones al Banco de Alimentos
La iniciativa estipula que las empresas de la cadena de más de 1.300 metros cuadrados deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano. Esta medida se canalizará a través de la donación a entidades sin ánimo de lucro.
En este sentido, Santiago Miralles del Banco de Alimentos de Castellón valoró positivamente la norma y señaló que ya llevan unos cinco años distribuyendo entre los más necesitados productos a punto de caducar que donan cadenas de alimentación, aunque remarcó que el problema es que si la fecha de caducidad es inminente solo se pueden dar salida en el cocinado de los comedores sociales.
