La prostitución ha vuelto esta semana al debate público después de que el Congreso aprobara tramitar la proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución. Una norma defendida por el PSOE con el apoyo del PP. La iniciativa dividió a la Cámara, como sucede socialmente en cualquier tipo de conversación, entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen.
El secretismo y oscurantismo que rodea a la prostitución lo pone de manifiesto el hecho de que se conozcan oficialmente muy pocos datos sobre su impacto, lo que complica hacer una radiografía de esta actividad en la provincia de Castellón.
Según un estudio reciente encargado por el Foro por la abolición de la prostitución de la Comunitat, en la provincia hay 24 clubes de alterne, los cuales están ahora en jaque dado que el objetivo es clausurar estos locales que se encuentran en un limbo legal. Están abiertos, por ejemplo, con licencias de actividad de bares de copas que nada tiene que ver con lo que allí realmente sucede.
Uno de cada cinco valencianos ha pagado por sexo
Este análisis reflejó que uno de cada cinco varones valencianos, el 19,5% de los mayores de edad, reconoce haber pagado por sexo alguna vez en su vida, mientras que se calcula que hay entre 10.000 y 13.000 mujeres víctimas de la prostitución en la Comunitat que se publicitan en 52.000 anuncios, 164 clubes y 1.700 pisos.
La iniciativa que comienza ahora su andadura en el Congreso va en línea con el modelo sueco y francés y amplía su ámbito a los puteros, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor. Persigue incrementar las sanciones en el Código Penal tanto de los clientes como de los proxenetas o de aquellos que fomentan la prostitución.
Normativa autonómica
De todos modos, de forma paralela a esta tramitación, el Consell sigue con sus planes de ser la primera comunidad autónoma en abolir la prostitución. Una iniciativa que ha generado tensiones entre la consellera de Justicia, Grabriela Bravo, y la vicepresidenta Mónica Oltra.
Así, el Ejecutivo de Ximo Puig espera poder llevar después del verano a Les Corts, tras pasar por el Consell Jurídic Consultiu, su propuesta de reforma de la ley de espectáculos para prohibir y penalizar la prostitución en locales públicos, según remarcó esta semana Bravo. A su juicio es necesaria una ley integral para abolir la prostitución y no solo modificar el Código Penal, pues «no va a valer con las medidas sancionadoras, estas mujeres necesitan que les ayudemos a construir un proyecto de vida digno».
Entidad de apoyo a las prostitutas
Cuando se habla de prostitución en Castellón, la Fundación Salud y Comunidad es gran conocedora de la problemática, ya que, a través del proyecto IMMA, financiado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación, se encarga de acudir directamente a las zonas de ejercicio de prostitución para ofrecer a estas mujeres un apoyo integral.
La directora de Programas de la Fundación Salud y Comunidad, Belén Sánchez, defendió la abolición de la prostitución «porque desde la experiencia sabemos que la mayoría son explotadas por terceras personas y cuando dejan de serlo tienen muy complicado salir de ahí. Está claro que estas mujeres están excluidas socialmente y tienen una gran falta de derechos al encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad».
Perfil
El proyecto INMA da apoyo mayoritariamente a mujeres que ejercen la prostitución callejera al ser más visible. El año pasado atendieron a 287 mujeres, la mayoría de ellas en la franja de 25 a 39. El 86.49% eran inmigrantes, principalmente de Rumanía (57%) y Nigeria (17%), con hijos a su cargo, aunque estos estaban en su país de origen al cuidado de terceras personas.
Los pisos ganan terreno a la calle
La prostitución ha ido poco a poco dejando la calle, aunque continua, para ‘esconderse’ en pisos que funcionan como pequeños burdeles con los que los clientes contactan a través de internet. La pandemia no ha hecho más que afianzar este cambio por las restricciones que hubo de movilidad. Uno de los principales problemas para las entidades sociales que ayudan a las prostitutas y para la policía es que es más difícil su localización.
