Castellón necesita el doble de vivienda de protección oficial (VPO) para atender la demanda de las personas más vulnerables que solicitan el acceso a algunos de estos hogares.
Los últimos datos de la Dirección General de Emergencia Habitacional de la Conselleria de Vivienda aportados a este periódico señalan que 412 familias están inscritas ahora en el Registro de Demandantes de Vivienda a la espera de acceder a un domicilio protegido en la provincia.
Sin embargo, los datos de las nuevas promociones de VPO realizadas a lo largo de los últimos años evidencian que la espera puede ser larga. Desde el 2014, las instituciones estatales y autonómicas han ejecutado 206 viviendas protegidas en Castellón. Ninguna de ellas en lo que va de año ni durante el 2015, 2016 y 2018. De hecho, los años con mayor actividad fueron el 2020 y 2021, con 59 calificaciones cada uno, tal y como refleja la estadística del Ministerio de Agenda Urbana.
Todo lo generado en nueve años no sería suficiente para cubrir la lista de espera, pues sería necesario duplicar la oferta y agilizar su creación.
Por ámbitos
Otra cuestión a resolver es que la vivienda que se genere se adapte a las necesidades existentes, cosa que tampoco ocurre en estos momentos. Todas las nuevas promociones de vivienda de protección oficial desde el 2014 se destinaron a la venta, mientras que ninguna de ellas se dedicó al arrendamiento ni tampoco al alquiler con opción a compra.
En cambio, la mayoría de los inscritos como demandantes solicita acceder a un alquiler: 377 de los 412 optan por esta opción. O lo que es lo mismo, el 91,5%. Mientras, otros 22 requieren un hogar en propiedad y 13 recurriendo a otras fórmulas propuestas.
Los motivos
La falta de incentivos para que el sector privado desarrolle este tipo de promociones y el bajo precio que percibe pese al incremento del coste de las materias primas sigue siendo el principal escollo para acabar con el déficit de VPO, según apuntaron desde la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), quienes reclamaron a las instituciones la puesta en marcha de incentivos.