El informe pericial que ha analizado al detalle la supuesta trama de facturas falsas del caso Subdelegación no solo señala irregularidades en gastos de comidas, dietas, vestuario o material de oficina, como ha venido desgranando Mediterráneo en los últimos días. La pericial también siembra dudas, en uno de sus apartados, con gastos imputados como electorales en las cuentas de la Subdelegación. El estudio concluye que hasta 15 facturas «correspondientes a gastos por procesos electorales no se producen como consecuencia de los procesos electorales» y «por tanto, no procede su imputación al presupuesto habilitado para ello». Esas 15 facturas que destaca la pericial van desde el año 2007 al 2011, cuando Antonio Lorenzo era el subdelegado del Gobierno.
Además, el texto apunta que «no se ha podido comprobar la existencia de anexos requeridos por las Instrucciones Económico-Administrativas para el pago de ninguna factura analizada de gastos por procesos electorales» salvo dos de ellas. Durante la pericial también se señalan reparaciones de mobiliario ordinarias que «no se pueden relacionar de manera indubitada» con las elecciones.
Varias de las testificales de la fase de instrucción --la última se celebró este lunes- se han centrado en tratar de aclarar los expedientes económicos de varios procesos --la pericial abarca elecciones desde el año 2007 al 2014, locales, autonómicas, generales y europeas-.
Posible doble delito
Con esta ronda de declaraciones testificales, el Juzgado da «prácticamente por cerrada» la fase de instrucción, y en los próximos días el juez deberá decidir si abre juicio oral o sobresee la causa, que investiga un presunto fraude de alrededor de un millón de euros en la Subdelegación del Gobierno -con los exsubdelegados Antonio Lorenzo (PSPV) y David Barelles (PP) investigados-. La instrucción trata de poner luz sobre unos supuestos delitos de falsedad documental y de malversación de fondos públicos.
En total, son 34 las personas investigadas: los mentados Lorenzo y Barelles, dos funcionarios --el tesorero Vicente G. M. está considerado el cabecilla y en su declaración admitió parte de los hechos investigados- y decenas de empresarios y autónomos que participaron en esta presunta trama de facturas falsas que, al parecer, incluye numerosos recibos por servicios que nunca se prestaron, reparaciones de coches particulares que intentaron colarse como oficiales y compras de aparatos de electrónica, móviles o consolas que se camuflaron como material de oficina.
El cabecilla de la trama, Vicente G. M., fue suspendido de empleo y sueldo, y en una de sus declaraciones en el proceso llegó a admitir que se llevaba un 30% de las facturas falsas, de las que obtuvo alrededor de 200.000 euros.
Las alarmas saltaron por los repostajes
Las irregularidades del llamado caso Subdelegación se destaparon en agosto del año 2017, gracias a la entonces secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, quien detectó repostajes sospechosos en los gastos. En concreto, la funcionaria averiguó que se estaban efectuando varios cargos de gasoil sobre un vehículo oficial que en realidad no tenía actividad alguna.
A raíz de esta denuncia se inició la investigación al completo, destapándose toda la presunta trama, que iba mucho más allá de los mentados repostajes. En este aspecto, en la pericial se concluye que «en la adjudicación de los contratos de combustible adjudicados directamente al proveedor Cepsa, se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato, con el resultado de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos».
Además de los gastos en repostaje, también chirrían las reparaciones. Según defiende la investigación, Vicente. G.M. solicitaba a los propietarios de los talleres que expidieran facturas de reparación a la matrícula de alguno de los coches que componían la flota de la institución, en lugar de proporcionar la numeración real de los vehículos que llevaba.
