La Policía Local de Vinaròs detuvo el martes por la tarde a un okupa por los presuntos delitos de allanamiento de morada, daños (al forzar la cerradura para acceder a la vivienda) y robo con fuerza (tras constatar la propietaria que faltan varios objetos del interior).
El aviso que posibilitó echar al intruso lo dio la mujer que iba a la vivienda a hacer las labores de limpieza para poner a punto una segunda residencia de Vinaròs. La asistenta detectó que el bombín estaba cambiado, vio las ventanas abiertas y escuchó ruidos en el interior, por lo que decidió avisar a la propietaria de la casa, una mujer de Pamplona. La dueña del inmueble contactó con la Policía Local, cuyos agentes le dijeron que debía interponer una denuncia.
Una vez realizado este trámite desde Navarra, la perjudicada envió la denuncia y la escritura del domicilio por correo electrónico a la Policía Local de la capital del Baix Maestrat. Los agentes municipales acudieron entonces a la casa e informaron desde el exterior a la persona que había dentro de que debía abandonar la vivienda. Los efectivos comunicaron al susodicho que se había presentado una denuncia y que, si no lo hacía voluntariamente, los policías accederían, junto con un cerrajero, puesto que la propietaria autorizaba dicho acceso.
Tras reiterar en varias ocasiones al okupa que debía abandonar la casa y facilitar el acceso a los agentes de Vinaròs, esta persona les confirmó que abriría. Sin embargo, fue necesaria la colaboración del cerrajero para acceder al domicilio, donde los agentes detuvieron al intruso, de 28 años, por los tres delitos indicados, según confirmaron a Mediterráneo fuentes del caso.
La vivienda se quedó, tras la exitosa intervención policial, perfectamente cerrada, con una nueva cerradura y las llaves en poder de la asistenta del hogar.
En este caso, la diligencia de los efectivos policiales al solicitar la documentación pertinente a la legítima propietaria para actuar con rapidez permitió recuperar un inmueble que ya había sido violentado y ocupado ilegalmente. Uno de los delitos que los agentes le imputan al detenido, el de allanamiento de morada, es uno de los que precisamente puede juzgarse en España por un jurado popular. La Audiencia Provincial de Castellón dictó, precisamente, una sentencia hace menos de un mes por la que condenaba a un hombre a un año de cárcel y a pagar una multa de 410 euros por allanar la vivienda de su expareja en Arañuel. Además, le impuso una orden de alejamiento.
Los abogados llaman a ir por lo penal para agilizar
Abogados consultados por este diario incidieron ayer en la eternización de los procedimientos de desahucio por la vía Civil en Castellón, la provincia con mayor tasa de congestión judicial de la Comunitat. En este sentido, sostuvieron que resulta más eficaz y rápido cuando el acceso a la vivienda se hace por la fuerza --distinto es cuando un inquilino de larga duración deja de pagar por imposibilidad-- denunciar en la comisaría o el cuartel e ir por la vía Penal.
«La ocupación de una primera o segunda vivienda constituye un allanamiento y es un delito. La Policía o la Guardia Civil deben intervenir», aseveró el abogado penalista José Herrero en conversaciones con este diario. El letrado Eugenio Ponz, por su parte, apuntó también a un posible delito de usurpación y confirmó que la acción penal es la más efectiva, puesto que los agentes deben identificar al sujeto en cuestión y se le cita para un juicio rápido. «Es un delito leve, así que lo condenan a una multa, pero en la sentencia viene también recogido la obligación de desalojar la casa», explicó Ponz, quien ve un «error» empezar un procedimiento Civil, que hace que el Penal mientras tanto no se resuelva.
La policía niega la inacción en el caso del paseo Morella
Tanto la Policía Local como la Nacional negaron ayer la «inacción» de la que les acusan vecinos del número 20 del paseo Morella de Castelló, que dicen estar desesperados por los daños y realquileres de habitaciones en el 2ºB, tomado por okupas. Desde la comisaría de la calle Río Sella indicaron que la Policía Nacional «siempre está del lado de la legalidad» y actúa «con las herramientas de las que dispone», recordando que los agentes no pueden entrar por la fuerza en una vivienda sin un motivo de peso, pues hay que respetar la «inviolabilidad del domicilio».
