Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, Valencia, 1963) cumple esta semana siete años al frente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. Este mismo miércoles puso en marcha la Oficina de Denuncias de Violencia de Género en Castellón, si bien mantiene otros retos pendientes en la provincia como la digitalización, combatir el atasco judicial o la gestión de las emergencias.
Esta semana abrió la Oficina de Denuncias de Violencia de Género en Castellón y lo hace cuando las demandas se han triplicado. ¿Se está denunciando más o los casos van a más?
Las mujeres se están atreviendo a dar ese paso, que es muy complejo, y a afrontar esa vida de infierno que llevan asumiendo en silencio sin ningún tipo de apoyo durante tanto tiempo. La mayoría no denuncia por miedo al maltratador y, de hecho, tardan una media de entre seis y siete años en hacerlo. La obligación de los poderes públicos es poner en marcha todos los recursos necesarios para que se sientan protegidas y confíen en el sistema judicial y policial. De ahí la importancia y el papel dinamizador que va a suponer la oficina de denuncias en la provincia de Castellón. Estoy segura de que las mujeres victimas de violencia se van a atrever a denunciar desde el momento en que sepan que hemos abierto un espacio con policías especializadas, preparado para la atención a los niños, y con profesionales del ámbito de la psicología y el trabajo social. Es un proyecto importantísimo para tender la mano a las víctimas y ya no soltarla nunca.
Los delitos contra la libertad sexual también subieron un 53% el año pasado. ¿Dará respuesta la oficina también a estas víctimas?
Estamos pendientes de las reformas anunciadas por el Gobierno de España para ampliar las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Soy absolutamente partidaria de no ceñirlas únicamente al ámbito de la relación con la pareja, sino a cualquier ataque a una mujer en contra de su libertad sexual e integridad física por ser mujer. En cuanto esté aprobada la reforma, vamos a exigir aumentar el numero de Juzgados de Violencia sobre la Mujer y también los recursos necesarios para atender a las víctimas de agresiones sexuales.
Se ha mostrado clara defensora de la vía abolicionista, que solo en Castellón supondría el cierre de 24 burdeles. ¿Es real el objetivo de acabar con la prostitución?
Creo que la Comunitat está dando pasos firmes para la consecución de ese objetivo que es la abolición de la prostitución. Lo hacemos desde que en febrero del 2021 decidimos crear un foro donde más de 30 personas expertas de todas las áreas, mundo académico, judicatura, fiscalía, entidades y asociaciones en las que trabajan por las mujeres prostituidas. Creo sinceramente que vamos en el camino correcto. Siempre he defendido que la situación ideal sería que el Gobierno de España estuviera en condiciones ya de aprobar una ley integral para la abolición de la prostitución, porque necesitamos que aborde otras reformas legislativas, con la actuación en el ámbito educativo, la puesta en marcha de una red de ayudas en todos los órdenes a las mujeres que se encuentran víctimas de violencia prostitucional para ayudarlas a construir un proyecto de vida o la reforma de la ley de extranjería.
Ha propuesto en este sentido que los Ayuntamientos adopten una ordenanza abolicionista para sancionar de sus competencias. ¿Qué acogida está teniendo?
Ha tenido una buena acogida. Los grupos socialistas la presentarán en todos los ayuntamientos en los que tienen representación, así que se debatirá en más de 400 en la Comunitat. Algunos importantes están tramitando ya la ordenanza. El tema exige una reflexión y un debate en el ámbito interno, pero muy pronto vamos a tener una red de ayuntamientos abolicionistas que entienden que la prostitución es una cuestión de derechos, una forma de violencia sexual y, por tanto, es importantísimo poner el foco en el prostituidos, en los proxenetas, en los que se benefician de las mujeres, pero no considerar a las mujeres prostituidas un problema de orden público, sino considerarlas como víctimas de violencia de género. El objetivo es sancionar al prostituidor y generar un plan de ayudas para las mujeres.
Otro paso es la reforma de la ley de espectáculos para perseguir a los locales públicos donde se ejerza prostitución. ¿Completará la tramitación este año?
Ya se han revisado todas las alegaciones que se presentaron por todas las consellerias y se ha remitido el informe junto al anteproyecto a la Abogacía de la Generalitat. En cuanto tengamos su informe, se derivará al Consell Jurídic Consultiu y después al Consell, donde por supuesto llegará antes de que acabe el año. Creo que tenemos tiempo suficiente si hay voluntad política de poder aprobar la reforma en Les Corts. Es una modificación legislativa fundamental, porque no solamente tiene ese marco sancionador para la demanda, sino que también sanciona la publicidad.
Justo la postura con este tema ha generado varios choques entre usted y la hasta ahora vicepresidenta, Mónica Oltra. ¿Tendría que haberse producido la dimisión tras conocerse su imputación?
Respeto la decisión de Mónica Oltra en primer lugar y creo que en este momento hay que centrarse en agradecer todo el trabajo que ha realizado durante siete años. Me parece que es importante destacar el papel como vicepresidenta y en el marco de las competencias con las que ha trabajado. Tenemos que recordar que el hecho de que esté pendiente de ser citada como investigada en el procedimiento judicial no implica una asunción de la responsabilidad penal. Ella tiene todo el derecho a que se le respete la presunción de inocencia.
He respetado siempre la posición de Mónica Oltra, como sé que ella respetaba la mía
¿Su salida allanará el camino para alcanzar consensos con los socios de Compromís?
En el seno de un gobierno e incluso de los monocolores en muchas ocasiones hay posiciones diferentes respecto a muchos temas y creo que a lo largo de siete años nos hemos caracterizado por ser un gobierno cohesionado y llegar a muchísimos acuerdos. Hemos aprobado siete presupuestos, leyes importantísimas y transformado esta comunidad. No nos podemos quedar en los detalles. He respetado siempre a Mónica Oltra como vicepresidenta. Hemos coincidido en muchos temas y en los que no siempre he respetado su posición, como sé que ella respetaba la mía. Ahora se abre otra etapa en la que seguiremos trabajando porque yo creo que por encima de todo y de intereses partidistas, lo que nos tiene que guiar nuestra actuación es el interés de la ciudadanía. Puedo asegurar que en eso ha estado centrado siempre este gobierno todos los días a pesar de las dificultades y de las tensiones internas, porque nuestro objetivo es mejorar la vida de la ciudadanía. En siete años hemos conseguido levantar la hipoteca reputacional de esta comunidad que solamente era conocida por los asuntos de corrupción derivados de un gobierno del PP.
El requisito lingüístico sigue enquistado y ya ha pasado el año de margen que establece la ley de función publica. ¿Llegará el acuerdo en el Botànic o lo sacará adelante sin él?
Hay un punto en el que sí hay consenso y es en la exigencia de la capacidad lingüística. La diferencia está en la manera de implementarla. Hemos querido incorporar sistemas de otras comunidades autónomas como el de Galicia, donde el nivel requerido, que es el C2, lo garantiza ya el sistema educativo. Lo que se ha debatido en el seno de la comisión es que sea Educación quien evalúe el sistema actual e introduzca los cambios necesarios para mejorarlo en el caso que crea que no está garantizando el nivel adecuado. Pero que ese C2 pueda ser adquirido por los estudiantes en su periodo educativo, una vez han acabado el Bachiller. No tiene ningún sentido exigir ningún examen posterior para certificar si lo que has aprendido durante tu periodo educativo es suficiente. Yo soy totalmente partidaria del requisito. Soy de una comarca valencianoparlante y el valenciano ha sido mi lengua materna. Tener la suerte de poder comunicarte con otro idioma con el que has empezado a hablar, has crecido y te has comunicado con tu familia nos da una mayor riqueza en todos los sentidos y forma parte de nuestro tesoro cultural. Por tanto creo que tenemos que alejar cualquier tipo de conflicto. Nuestra lengua no puede ser motivo para ello.
¿Está cerca entonces la norma?
Yo voy a seguir trabajando. Se lo trasladé así a la consellera de Educación después de la toma de posesión para encontrar una salida. Si me están dicendo que el C2 es el nivel adecuado para entender que tu hablasperfectamente el valenciano, yo lo que pido es que planteen los cambios necesarios en el sistema educativo para que garanticemos el C2 y no valorarlo después en pruebas adicionales, porque no tiene ningún sentido.
Pese a los refuerzos, se están señalando juicios a 18 meses vista en Castellón. ¿Hay previsión de sumar medios contra el atasco?
En materia de refuerzos desde el 2015 hasta el 2022 hemos incrementado el presupuesto en un 550%, pasando de los 800.000 euros de cuando yo llegué a la conselleria a casi 12 millones. Eso ha supuesto un incremento porcentual importantísimo del numero de funcionarios que están apoyando los órganos más saturados. Las propuestas de refuerzo las plantea la Sala de Gobierno, que atendiendo a la situación de cada órgano, solicita a la conselleria. Estamos atendiendo todas sus propuestas. Creo que cualquier situación de desagrado respecto a las medidas también tendrá que arbitrarse en otra instancia. Tenemos muchos juzgados reforzados en la provincia. Vamos a crear un nuevo juzgado en Nules, que es uno de los partidos más afectado por la carga de trabajo, tanto en civil como penal. Los datos ahí están, el presupuesto ahí está.
¿Reclamará nuevos juzgados en la provincia más allá del de Nules?
Se hace un estudio previo de la situación y la carga de trabajo, que viene marcada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En ocasiones los retrasos no vienen dados solo por la falta de personal, sino por disfunciones internas en la metodología, la organización y otras causas que como administración se nos escapan. Un ejemplo: en Castellón hemos mantenido muchos años unidades transversales de apoyo a determinados juzgados de lo Penal que, sin embargo, pese a tener más recursos personales finalmente no producían un resultado positivo. Una de las causas más importantes del atasco en nuestro sistema judicial es que el modelo organizativo es cada vez más inviable. Hemos pasado de 800.000 a 12 millones y todo el mundo sigue quejándose. Mañana podría poner 20 millones y le puedo asegurar que seguiría visitando partidos judiciales y se quejarían. Por eso es importante abordar cambios y reformas procesales para ir a un sistema más eficiente.
La digitalización de la justicia es una de sus asignaturas pendientes. ¿Verá la luz esta legislatura?
Por fin podemos decir que la digitalización llega esta legislatura. En mayo arrancó la fase previa de lo que va a ser el expediente electrónico con la incorporación al sistema de Gestión Procesal del visor que va a permitir poder visualizar el expediente como si fuera un libro. Y ya la fase de aterrizaje del expediente electrónico empezará en el mes de noviembre. Se va a iniciar la implantación en la jurisdicción Civil y Penal. Queremos empezar por partidos judiciales de doble jurisdicción y a partir de ahí se irá ampliando al resto. Su incorporación, junto a otras herramientas, favorecerá trabajar con mayor celeridad.
Esperamos el informe sobre el incendio de Caudiel y valoraremos acudir a la justicia
La amenaza de los incendios forestales es cada vez mayor con el cambio climático. ¿Estamos preparados para afrontarla?
La atención de las emergencias es una prioridad para el Consell. Castellón es un territorio muy sensible debido a su orografía y hemos incrementado los recursos. Formamos parte del Consorcio Provincial de Bomberos, aportando 4,5 millones, y disponemos de más de 800 efectivos que están dispuestos, preparados y formados para atender cualquier incendio. También hemos reforzado el número de vuelos de control y extendido el periodo que prestan servicio a todo el año. Es cierto que cuando tenemos ola de calor hay que estar especialmente preparados, de ahí nuestras reuniones de coordinación con todos los profesionales que intervienen en la prevención y extinción.
Todo apunta a que el origen del fuego de Caudiel estuvo en un tren. ¿Acudirá a la justicia?
Estamos esperando el informe de Guardia Civil y del Seprona y lo valoraremos. Los agentes nos indicaron que había una alta probabilidad de que la causa del incendio fueran las chispas del frenado de los trenes. Esta situación obliga a que exijamos a Renfe y a Adif la adopción de las medidas necesarias para garantizar y proteger toda esa zona. Vamos a pedir una reunión, que será inminente, y a sentarnos con ellos para reclamar desde la limpieza a sistemas de protección. Ya tenemos que sufrir bastante con la acción del hombre por imprudencia o de forma interesada como para que también nuestros montes se quemen como consecuencia de otros procesos.
Ahora que el verano y el final del curso político está cerca. ¿Cuáles son los tres logros y qué tres objetivos se marca para Castellón?
Como logros, destacaría el proyecto piloto de agrupación de los partidos judiciales de Nules, Segorbe y Vila-real en un juzgado exclusivo de violencia de género en Vila-real. También, la oficina de denuncias de violencia de género que acabamos de abrir y la importante inversión que hemos llevado a cabo para adecuar las sedes judiciales. En concreto, la ampliación de los juzgados de Nules y la instalación de placas fotovoltaicas en la Ciutat de la Justícia de Castelló, que nos permiten ahorrar 500.000 euros. Como objetivos fundamentales, la creación este año de un nuevo juzgado en Nules, que será clave para aliviar la congestión; la ampliación de los juzgados de Vinaròs, que está en marcha con una inversión de 1,2 millones y que concluirá en 2022; y la puesta en marcha de un centro logístico provincial de emergencias.
