Nadie se salva de los zarpazos de la inflación en la economía. Mientras los ciudadanos notan los efectos del coste de la vida en los bolsillos cada día, el sector público también debe lidiar con las dificultades de una escalada de precios que nadie es capaz de prever cuándo se detendrá.
Como recogió ayer este periódico, las empresas contratistas de obra pública están inmersas en un periodo de parón, como lo atestiguan las licitaciones que han puesto en marcha las administraciones públicas y han quedado desiertas. Los precios de las materias primas han crecido de forma exponencial en los últimos meses y las mercantiles no quieren perder dinero por el encarecimiento de los materiales. Y esta situación también se traslada a las compañías que prestan servicios públicos, como las que se dedican a la recogida de basuras, limpieza viaria, jardinería o alumbrado...y que deben lidiar con el aumento del precio de los carburantes, la electricidad y los materiales necesarios para desempeñar sus tareas diarias.
Medidas excepcionales
Desde la patronal CEV Castellón ya se advirtió de este problema en abril. Por esta razón exigieron a las instituciones unas medidas excepcionales en materia de revisión de precios en contratos y concesiones de servicios. Su presidente, Luis Martí, señaló que las empresas «están sufriendo severas pérdidas económicas a consecuencia del incremento generalizado de costes», mientras que por parte de las administraciones «no nos consta que hayan resuelto el problema, o esté en vías de solución».
Este panorama es similar al expuesto por la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), cuyo presidente, José Luis Santa Isabel, expuso que en Castellón el número de licitaciones desiertas se ha multiplicado por seis desde el inicio de la crisis energética, agravada por la guerra en Ucrania. Una tendencia que corresponde al primer trimestre de este año, y que todo apunta a que irá a más. Pero hay una diferencia sensible respecto a las contratas de servicios. Una obra puede detenerse si el adjudicatario pierde dinero, pero no sería concebible que a causa de las pérdidas económicas las concesionarias dejaran los contenedores sin vaciar o las calles sin barrer. Así las cosas, desde la CEV señalan que «las empresas concesionarias se están viendo obligadas a continuar con su prestación, aun incurriendo en importantes pérdidas económicas».
Sin mecanismos
Otra diferencia tiene que ver con la reacción de las administraciones. Mediante decretos se contempla una revisión excepcional de lo precios en las obras a fin de acabar las actuaciones ya iniciadas, pero no hay mecanismos semejantes para las contratistas de servicios públicos. La mayoría de servicios que prestan las administraciones incluyen cláusulas de revisión de precios en función de los costes, por lo que es previsible que a partir de enero ya haya un alivio. Pero el 2022 solo está en su ecuador, con unos costes que superan los peores pronósticos trazados en el inicio de este ejercicio. Por todo ello, la patronal pide medidas acorde con lo excepcional de la situación.
Innovación para adelgazar la factura de la energía
Prestar un servicio con la misma calidad con un ajuste de los costes. Esta es la cuadratura del círculo que persiguen las empresas que realizan servicios para las administraciones. Y hay grupos que en los últimos tiempos han acelerado las actuaciones encaminadas a la optimización de los recursos. Desde la compañía de ciclo integral del agua Facsa se han realizado avances en varias depuradoras, con el resultado de un ahorro en las facturas.
El director del área de Saneamiento y Depuración de la empresa, Luis Basiero, expuso en la edición más reciente del Foro del Agua, organizado por Mediterráneo, y centrado en el binomio entre agua y energía, el caso de la depuradora de Nules-la Vilavella, que con el empleo de una planta de energía solar y la sustitución de equipos por otros más eficientes se logró un ahorro del 50% del consumo energético. Una actuación que se puso en marcha en un año y medio, y que ha aliviado el impacto de los precios de la electricidad.
De hecho, una de las apuestas de la Generalitat, a través de la entidad de saneamiento (Epsar) es la implantación de placas solares en las depuradoras.
Por otro, en la limpieza y recogida de basuras, las nuevas contratas ya incluyen apartados de sostenibilidad, como el uso de vehículos eléctricos, si bien esta evolución sigue siendo incipiente. En cambio, las contratas de mantenimiento de jardinería o viales no tienen la misma capacidad para proceder a un ahorro.
