Los profesionales insisten, las condiciones mínimas de vigilancia en las playas de la Comunitat deberían estar establecidas en una normativa autonómica que, a día de hoy, no existe. Las empresas que se dedican a prestar este servicio esencial en el litoral de Castellón tienen claro cuáles serían las mejores condiciones para que la eficacia de los socorristas fuera óptima: un vigilante no debería tener que controlar más de 200 metros alrededor de una posta.
Que se cumplan esos requisitos ideales depende de los municipios, y no solo por la independencia de cada consistorio a la hora de redactar los pliegos, también porque, como reconoce el sector, «no es lo mismo vigilar una playa familiar, que una muy turística». Aun así, aconsejan establecer un denominador común para todos.
Para las empresas especializadas, los pliegos deberían contemplar unos cálculos básicos respecto al dispositivo de vigilancia estival a establecer. El escenario idóneo sería que en una misma playa no hubiera más de 400 metros entre las torres de vigilancia o postas y, como se ha mencionado, que la zona a supervisar por cada socorrista no superara ese ámbito.
200 metros de correr y 200 de nadar como tope
Como explica el coordinador de playas de Provita, Roberto Vicent, --que gestiona el servicio en siete playas de la provincia: Orpesa, Almassora, Burriana, Cabanes, Benicarló, Nules y Moncofa--, «para que un salvamento sea más efectivo, el socorrista no debería tener que correr más de 200 metros y nadar otros 200». Es de sentido común que, ante un ahogamiento, la rapidez en la respuesta es vital.
Con todo, Vicent incide en que los municipios «han evolucionado mucho los últimos 15 años y han tomado conciencia de la importancia de apostar por un buen servicio de vigilancia de playas» y la situación actual no tiene nada que ver con la de hace casi dos décadas. Hay más medios y se destina mayor inversión para incrementar la seguridad en el litoral.
Un buen ejemplo de esa apuesta y que las empresas ven como un modelo a imitar, es el de Peñíscola. El municipio destina en cada presupuesto cerca de 800.000 euros a sus playas, tanto en vigilancia como en mantenimiento.
El servicio que gestiona la empresa Aunar dispone de 18 socorristas, con una caseta de vigilancia por cada kilómetro de costa (tienen unos cinco kilómetros de bahía, con 500.000 m2 de arena) y entre ellas hay una torre de vigilancia, por lo que se aproximan mucho al ideal que exponen las expertos. Las casetas, las torres, los puntos accesibles y demás mobiliario son de propiedad municipal. No pasa igual en otros casos.
Por ejemplo, en las playas de Castelló, es la concesionaria la que debe incorporar las torres de vigilancia. En conclusión, las licitaciones no solo cambian en número de socorristas o medios que se exigen, también en qué materiales aporta la adjudicataria.
En lo que coinciden todos los profesionales es en que la mayor parte de los incidentes trágicos que se producen en el litoral son consecuencia de comportamientos imprudentes que podrían evitarse y su trabajo no es fácil, porque los bañistas no identifican en los socorristas a una autoridad, lo que complica mucho su labor.
La autonomía con más ahogados
La provincia de Castellón no es una excepción en la Comunitat en la trágica estadística de los fallecidos en las playas. De hecho, la valenciana es la autonomía con más muertes por ahogamiento en el primer semestre del año de todo el territorio nacional, con 24 defunciones.
De las 24 muertes en lo que llevamos de 2022, 6 han sido en junio. La mayoría en Castellón.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo detalla que el incremento de muertes, lamentablemente, es una tónica general, dado que en toda España ha habido un 55% más ahogados de los registrados en el mismo periodo del 2021.
