Un total de 17 institutos de 14 municipios de Castellón participan en el programa Zero, energía de proximidad de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica con el objetivo de reducir las emisiones mediante el uso de paneles fotovoltaicos para generar energía solar.
Las titulares de ambas consellerias, Raquel Tamarit y Mireia Mollà, han presentado este lunes a los equipos directivos de los centros educativos implicados y a los representantes de los municipios donde se ubica la primera fase del nuevo programa.
A nivel autonómico, la iniciativa alcanzará 114 institutos públicos, distribuidos en 71 municipios. Además de los de Castellón, serán 57 centros de 32 pueblos y ciudades de las comarcas de Valencia y 40 institutos de 25 municipios de las comarcas de Alicante.
Según la consellera de Educación de la Generalitat, “se trata de una importante planta fotovoltaica pública, urbana, descentralizada y de proximidad, que generará la energía eléctrica que necesita cada instituto y los transformará en autosuficientes, autogeneradores de energía limpia y renovable”, además de destacar la producción de excedente energético.
Transversalidad
La consellera Mireia Mollà ha incidido en “la importancia y la transversalidad de un proyecto que nació en la conselleria que dirige y ha terminado por convertirse en una idea compartida entre varios departamentos de la Generalitat y decenas de municipios”.
“Se trata de una primera fase en la que los 114 institutos ahorrarán 6,9 millones de euros en la factura de la luz anualmente. Además, en dos años la inversión que hacemos desde Educación estará amortizada. Los beneficios educativos, sociales y medioambientales del programa son incuestionables: nuestro alumnado no solo continuará abordando en clase la importancia de hacer frente a la emergencia climática, también allá donde estudian, en sus institutos, verán que tienen el ejemplo concreto de una gestión sostenible de los recursos energéticos”, ha aportado Raquel Tamarit.
Por su parte, Mollà ha explicado que, “tan solo en esta primera fase, entre 5.000 y 7.000 familias en riesgo de vulnerabilidad podrán beneficiarse de los excedentes eléctricos generados por las instalaciones fotovoltaicas de los institutos. Una cifra que, a medida que se complete la instalación de placas solares en los centros educativos, aumentará hasta beneficiar a cerca de 18.000 hogares con dificultades para afrontar la factura de la luz”.
“Es un proyecto que solo tiene ventajas, porque se alcanza el autoproveimiento energético de los centros educativos; se reparten los excedentes entre las familias más vulnerables, para no dejar a nadie atrás en el proceso de transición ecológica, y se acelera la descarbonización reduciendo nuestra huella”, ha valorado la consellera Mollà.
Planificación de la implantación
La consellera Tamarit ha comentado que “la primera fase de implantación del programa se desarrollará con un presupuesto de 14,47 millones de euros por parte de la Consellería de Educación. Durante el próximo otoño publicaremos la licitación de los proyectos de ejecución, las direcciones de obra y la instalación de los paneles solares en los 114 institutos fijados. Durante el primer trimestre de 2023 tenemos previstas las adjudicaciones y en la primavera del año que viene empezaremos la instalación de los paneles fotovoltaicos”.
“Una vez implementada la primera fase, procederemos a ampliar el programa hasta llegar a los 360 institutos públicos de todo el territorio valenciano”, ha añadido Tamarit.
Mireia Mollà ha indicado que “con la implantación de renovables en esta primera fase, las emisiones de CO₂ se reducirán en más de 9.000 toneladas al año, una huella que disminuirá hasta las 58.500 toneladas una vez se haya completado la instalación fotovoltaica en los 360 centros educativos repartidos por la Comunitat Valenciana”.
La Consellería de Transición Ecológica coordinará, a través de Municipios en red, un proyecto al que se han adherido más de 250 municipios para impulsar las energías renovables e impulsar las comunidades energéticas municipales, y que los excedentes generados en las instalaciones educativas beneficien a los que más lo necesitan a través de los Servicios Sociales de los ayuntamientos.
