El campo es alimento y vida pero la realidad es que cada ejercicio que pasa Castellón pierde 2.360 hectáreas de media, el equivalente a 1.180 campos de fútbol. En los últimos 20 años la provincia ha dejado de cultivar 47.273 hectáreas, casi 50.000 --de 199.999 ha pasado a tener 152.726 hectáreas útiles--, con la falta de rentabilidad y por ende de relevo generacional como causas ya endémicas.
Ordenanzas eficaces
Las propias organizaciones agrarias, como la Unió de Llauradors, tildan este incremento de alarmante y desbocado, y lo cierto es que la falta de mantenimiento de esos terrenos pesa cada verano en el riesgo de incendios; y, al tiempo, su conversión a otros usos como el de la instalación de energía solar choca, en el caso de Castellón, «con el minifundismo, que impide operaciones de venta para este menester, que precisa superficies más amplias y que no se encuentren diseminadas».
El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, añade que «el abandono hoy en día no tiene freno. Va a más porque los precios en origen son bajos y no se incorpora gente joven». Pero cuando un agricultor toma la decisión de dejar de cultivar, «son necesarias más ventajas fiscales como incentivo para vender terrenos; y ordenanzas municipales eficaces que reclamen la obligatoriedad para que el suelo esté en condiciones. Hay normativas que lo intentan pero no dan solución. Pasa como son los solares urbanos abandonados, que se notifica a a propiedad privada y luego si lo asume el ayuntamiento cobrar el recibo no es fácil». La tierra debe tener rotación, afirma, dado que en caso contrario la maleza solo supone un caldo de cultivo para plagas, fauna cinegética y riesgo de incendios, con el perjuicio también para las fincas colindantes.
Un huerto libre de malas hierbas por 50 euros
Limpiar un huerto de malas hierbas puede costar 50 euros por hanegada, «con un tractor que te lo tritura en una hora». «Pero hay quien limpia y en cuatro años ya no vuelve a hacerlo a no ser que le pase un aviso. Hay más parcelas abandonadas sucias que limpias. No existe un control», recalca.
Pérdida de valor de los terrenos
La devaluación es otra de las consecuencias. «Un terreno abandonado cotiza entre 1.500 y 1.800 euros la hanegada; mientras que si estuviera en producción cuesta entre 1.800 y 3.000 euros. Pero nadie quiere comprar tierra hoy en día a no ser que vea ventajas», señala Peris.
Se vende finca con arrozal en la marjal por 842.500 euros
Los anuncios inmobiliarios agrícolas no son lo habitual pero los hay. En la web de Cocampo, figura a la venta «por 842.500 euros, un arrozal de agua dulce abandonado, de 38 Ha, en la marjal de Almenara, protegido, junto a un aeródromo». O monte bajo de Alcalà de Xivert, en 556 Ha forestales de recreo, por 1.089.300 euros, «que se encuentra en el Parque Natural Sierra de Irta. La finca se puede subdividir en un pinar maderable de 273 ha de variedad pinus spp y las 280 ha restantes, monte bajo, con buena red de caminos». La compañía apunta de Castellón que «tiene una superficie útil agraria elevada y gran riqueza en explotaciones agrarias, pero con menos anuncios que otras provincias. La movilidad de la tierra está en parte condicionada por la existencia de profesionales de la intermediación, en caso contrario se eleva aún más la compraventa entre vecinos».
Desde AVA-Asaja, su presidente Cristóbal Aguado, lamenta que «la Comunitat y Castellón siguen siendo el farolillo rojo de España no solo en tierras abandonadas sino en la edad media más alta en el mundo rural de todo el país: 64 años. Y será cada vez mayor porque la incorporación de jóvenes es ridícula». Para Aguado, «es necesario que las autoridades se den cuenta de la necesaria sostenibilidad económica no hay tampoco social ni ambiental. El mejor ecologista es el agricultor. Junto a Galicia somos la punta de lanza del desastre de la agricultura. Pero aún estamos a tiempo de cambiar con medidas oportunas», incidió.
Fin de la soberanía alimentaria
Desde COAG Castellón, su delegado técnico Juan Clemente avaló que, frente a la falta de relevo y poca rentabilidad, «las políticas agrarias no están siendo efectivas. Las infraestructuras que generaban valor añadido y autonomía, como mataderos o canales de comercialización tradicionales, se han desmantelado en pos del agronegocio. Se facilita la entrada de fondos de inversión especulativos con los usos del suelo. Se socava el derecho a alimentarnos y decidir qué plantamos y qué comemos. Y con los territorios desatendidos aumenta la proliferación de incendios devastadores». Además, recordó un estudio de COAG del 2016 que concluía que «en la primera década del siglo XXI (2000- 2010), la superficie agraria útil en la Comunitat se había reducido un 12%, al ser la autonomía con un mayor incremento de los procesos de concentración de sociedades mercantiles (un 66%) y por cambio de uso del suelo por urbanización, estructuras de comunicación, turismo, etc.»
Biomasa, madera y CO2 en los montes
Otro punto de vista lo aporta Regino Coca, fundador y CEO de la consultora Cocampo: «Muchos informes y expertos defienden que la ganadería extensiva, la caza y la explotación del campo es la mejor medida contra los incendios. En su interés está limpiar el monte, cuidar los caminos y cortafuegos, y evitar cualquier riesgo que ponga en peligro su monte. El pastoreo lo limpia, evitando las marañas de monte bajo y limitando la propagación del fuego».
Coca añade: «La demanda más extendida de los agricultores y expertos es flexibilizar o ajustar la regulación (talas, caminos, cortafuegos,…) para permitir que los propietarios desarrollen sus medidas de prevención, que se permita crear cortafuegos con los medios propios (tractores) cuando existe un incendio próximo». Contra el abandono de terrenos forestales, propone una explotación «ordenada, por supuesto», de la madera o de la biomasa, «tanto para usos tradicionales como nuevos modelos de negocio que se están creando en torno a los bosques o las reforestaciones como sumideros de CO2».
