Confusión. Incertidumbre. Interrogantes. Varias conselleries de la Generalitat desconocen qué departamento y de qué manera se ha de controlar y vigilar el cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de ahorro energético anunciado por el Gobierno el pasado lunes y que comenzará a aplicarse la próxima semana, tras su publicación en el BOE. Temperaturas de calefacción y refrigeración limitadas a 19 grados en invierno y 25 grados en verano (inicialmente, el Gobierno había anunciado máximas de 19 grados en invierno y 27 en verano), cierres automáticos en las puertas o escaparates apagados a partir de las 22 horas. Estas son algunas de las medidas que aprobó el lunes el Consejo de Ministros en un decreto ley para reducir el consumo de energía y que afectan a edificios de las administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte de personas.
Sin embargo, el Consell todavía no sabe quién debe hacerse cargo de controlar y vigilar que no haya incumplimientos para gestionar las sanciones. Pero no es el único. El resto de gobiernos autonómicos se hacen las mismas preguntas a la espera de que el ministerio dé alguna directriz.
El real decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros busca reducir rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), la norma que lo regula. Pero, ¿desde dónde se coordinará esta vigilancia? En la rueda de prensa posterior al anuncio del paquete de medidas, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó que el control dependerá de las comunidades autónomas y la inspección rutinaria la llevará a cabo el «personal facultativo» determinado por la autonomía.
En la Comunitat no saben qué conselleria se hará cargo de tal función. La de Transición Ecológica no tiene constancia de que la labor de vigilancia sea suya, aunque «si así nos lo piden, así lo haremos», y señala como posible responsable última a la Dirección General de Energía de la cartera de Economía Sostenible, que remarca, por su parte, que «tenemos competencias en energía pero no en inspección y vigilancia».
CONSULTA
Detallan, además, que han consultado al Ministerio de Transición Ecológica si la inspección, control y sanción es competencia suya y «todavía estamos a la espera de respuesta», aseguran. Justicia, por otra parte, explicó a este periódico que, por el momento, la Policía Autonómica no tiene las competencias necesarias para realizar ese control.
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), por otra parte, no ha recibido ninguna comunicación sobre algún tipo de inspección y sanción, si se da el caso, si hay establecimientos que no cumplen las medidas energéticas. «Los policías locales no pueden multar a comercios porque sí, necesitaríamos una norma que regulara la actividad y, por el momento, no es el caso», explica el presidente de la organización y alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Lo cierto es que en tres días se pondrán en marcha las medidas y no hay un organismo que vaya a vigilar que estas se cumplan ni que se multe a quien las ignore en las comunidades autónomas.
LAS OBLIGACIONES
En detalle, lo que hace el real decreto a la normativa ya existente es incrementar temporalmente las obligaciones de gestión y consumo eficiente de los inmuebles de las administraciones públicas; los establecimientos comerciales, como grandes almacenes o centros comerciales; los espacios culturales, como cines o centros de congresos; o las infraestructuras destinadas al transporte de personas, como estaciones y aeropuertos.
Prevé que en estos lugares no pueda utilizarse energía convencional para calefactar por encima de los 21° ni refrigerar por debajo de los 26. Los mismos exhibirán en carteles o pantallas las medidas obligatorias de ahorro; deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente antes del 30 de septiembre y el alumbrado de los escaparates tendrá que estar apagado desde las 22.00 horas. Esta disposición también se aplicará a los edificios públicos que estén desocupados en ese momento. Las medidas estarán vigentes desde el próximo martes y, salvo corrección de última hora, se mantendrán hasta noviembre de 2023.
