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Aplicación del nuevo decreto

El Consell no hará controles específicos para vigilar el ahorro energético

El Gobierno mantiene las medidas «sin cambios ni modificaciones» pese a la petición de derogar el decreto ley de la oposición. La Conselleria de Economía Sostenible defiende en el encuentro con autonomías que la norma «es para concienciar»

Una camarera ajusta el aire acondicionado a 27 grados como previsión a las medidas energéticas que empiezan este miércoles. JM Lopez

Estas semanas había dudas sobre quién aplicaría el real decreto del Gobierno con medidas de ahorro energético que contempla limitar el aire acondicionado y la calefacción a 27 grados en verano y 19 en invierno; automatizar el cierre de las puertas de comercios y apagar escaparates y edificios públicos a las 22 horas a partir de mañana. Ayer, la reunión del Gobierno de España con las autonomías, incluido el Consell, resolvió, de momento, los primeros interrogantes. «El Real Decreto de Ahorro Energético no es coercitivo sino flexible. Es importante que se sepa que no va a haber inspecciones específicas para asegurar que se cumpla la norma, sino que serán las rutinarias como para cualquier otra directriz». 

En estos términos se expresó el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, tras participar en la Conferencia Sectorial de Energía -presidida por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto- con el resto de responsables autonómicos en materia de Energía, Industria y Comercio, para analizar el Real Decreto Ley 14/2022 de Ahorro Energético que se pondrá en marcha mañana a media noche. 

Vigilancia y penalización

El conseller Climent, aseguró, después de las dudas que se habían suscitado en los últimos días en distintas autonomías que «las medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética aprobadas por el Gobierno buscan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de ser sostenibles en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la dependencia del gas en Europa».

Concretamente, la incertidumbre recaía, tras anunciar el Gobierno las medidas y responsabilizar a las autonomías de su aplicación, en quién sería la mano ejecutora en la inspección y sanción a los establecimientos o edificios que no garantizaran el cumplimiento de las medidas. Ahora, tras la reunión de ayer, las autoridades dejaron claro que las imposiciones buscan concienciar más que penalizar, por lo que la vigilancia no será específica para esta normativa energética. «El decreto ha de generar confianza en todos los sectores y pretende que las administraciones sean ejemplo, de ahí la importancia de que los edificios públicos sean eficientes, vayan hacia las renovables y se comprometan», dijo Climent tras el encuentro telemático. 

Para el conseller, «este es el camino que debemos seguir, el de la concienciación, el ahorro, la eficiencia energética y el impulso a las energías renovables». En este sentido, destacó que desde la conselleria «entendemos la coyuntura y no somos partidarios de las políticas reactivas y por eso seguiremos trabajando y potenciando el impulso a las energías renovables y la eficiencia de la energía en la Comunitat Valenciana».

Durante su intervención en el encuentro, Climent subrayó que «debemos seguir trabajando en la descarbonización de la economía como ya estamos haciendo desde el Botànic desde 2015», señaló.

«Las medidas no se retirarán»

La reunión tenía el objetivo de afianzar más la colaboración entre comunidades y dar un espacio para que, antes del 31 de agosto, las autonomías transmitan sus propuestas para el futuro Plan de Contingencia de España que se deberá remitir a la Comisión Europea a finales de septiembre, en el marco de las políticas comunitarias para reducir la dependencia del gas natural ruso y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la invasión de Ucrania. Durante el encuentro, Teresa Ribera reiteró que las medidas de ahorro y eficiencia energéticas contenidas en el Real Decreto Ley entrarán en vigor a las 00:00 horas del miércoles 10 de agosto, según lo previsto y confirmó que las medidas «no se van a retirar y se aplicarán sin cambios ni modificaciones».

Esta última declaración responde a las peticiones por parte de las autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP) -Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia- de derogar la normativa que durará hasta noviembre de 2023. Precisamente el PP acusó al Gobierno de tomar medidas energéticas «de improvisación», un calificativo que ayer Ribera rebatió ante los responsables autonómicos. «Los límites de termostato en los espacios y ámbitos de concurrencia pública están vigentes desde la aprobación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) en 2007 y su modificación en 2009, y también las excepciones y los rangos de flexibilidad que define la legislación de salud laboral y derechos de los trabajadores desde 1997», dijo, al tiempo que defendió que la «improvisación es decir un día que las calles no se apagan, después que cumpliremos pero no tanto, después que quieren aclarar aspectos técnicos, luego pedir la reunión sectorial y después reclamar Conferencia de Presidentes», señaló en referencia a las peticiones de los populares. De hecho, Carlos Mazón, presidente del PP Comunitat Valenciana calificó las medidas como decisiones tomadas de manera «prepotente», «sin previsión», «diálogo» ni trabajo conjunto con los sectores afectados y las administraciones.

Por su parte, la ministra Maroto recordó en el encuentro que fue el propio sector comercial el que, con carácter previo, admitió que el apagado anticipado de los escaparates representa un ahorro importante en la factura eléctrica. La titular de Industria, Comercio y Turismo lamentó, además, el «ruido y la confusión» que generan quienes hablan de inseguridad por la pérdida de la iluminación comercial, cuando «es el alumbrado urbano el que garantiza seguridad en las calles».

Desde que el primero de agosto se aprobara el real decreto con medidas específicas para ahorrar en energía y reducir hasta un 7 % el gasto para responder a las demandas europeas y tras pasar los ocho días de rigor desde su publicación en el BOE, la norma comenzará a aplicarse a partir de mañana a las 00:00 horas. Sin embargo, no todas las acciones serán obligatorias desde el primer día. 

Calendario de aplicación

Las temperaturas de calefacción y refrigeración estarán limitadas a 19 y 27 grados respectivamente desde el mismo miércoles (menos en bares y restaurantes que se permiten los 25 grados por tratarse de ‘trabajo ligero’ en sala). Por otra parte, también será obligatorio exhibir carteles o pantallas con medidas de ahorro a partir de mañana y la imposición de apagar escaparates y edificios públicos que no estén utilizándose a las 22:00 horas. Por último, antes del 30 de septiembre, los establecimientos con concurrencia pública deberán tener cierres automáticos de las puertas de acceso para evitar el despilfarro por pérdidas de energía al exterior.

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